La Constitución dominicana de 2010 establece las condiciones para que las personas pueden contribuir a mitigar la corrupción administrativa, al establecer como un derecho ciudadano la posibilidad de que las personas denuncien las faltas cometidas por los funcionarios públicos. En ese sentido, en el artículo 22.5 se establece que los ciudadanos pueden: “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”.
En adición a esto, en el artículo 75.12 de la Ley Suprema se establece la obligación que tienen las personas de contribuir con el fortalecimiento de la democracia y la fiscalización y control del patrimonio público. En ese tenor, en este apartado se establece que las personas tienen el compromiso de: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.
En este contexto, la posibilidad que tienen las personas de denunciar las actuaciones de los funcionarios públicos adquiere una doble dimensión, porque está configurada como un derecho de ciudadanía, y a la vez como una obligación fundamental, partiendo del hecho de que la malversación y sustracción de los fondos públicos convierte a las personas que pagan impuestos en víctimas.
En esa misma línea, en el artículo 246 de la Constitución se establece el control externo de los fondos públicos, el cual es realizado por la Cámara de Cuentas, el Congreso Nacional y los ciudadanos. De manera que, los dominicanos tenemos la oportunidad de participar en el proceso de fiscalización y control de los fondos públicos, lo cual es un paso de avance hacia la transparencia, institucionalidad y la prevención de la corrupción administrativa.
En síntesis, el ejercicio del derecho y deber participación ciudadana fortalece la calidad de la democracia y la institucionalidad. De manera que, la fiscalización y control de los fondos públicos, además de tener matiz colectivo, tiene un carácter personal y familiar, ya que, los recursos que manejan los funcionarios públicos salen del bolsillo de los ciudadanos, a través de las diferentes modalidades de impuestos que pagamos la mayoría de los ciudadanos.
De manera que los ciudadanos debemos estar más interesados en conocer como los funcionarios públicos, administran los fondos que entran a las arcas del Estado, debido a que este dinero también es parte del patrimonio de todos. La idea es que debemos dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos.