Recientemente se ha producido un revuelo público porque un restaurante se reservó el derecho de admisión con un grupo de personas. No es la primera vez que casos como este se tornan mediáticos, y la queja es por entender que esto supone discriminación y con ello un atentado al derecho a la igualdad.
No siempre, sin embargo, se ha enfocado el tema con rigor jurídico. Por ejemplo, resulta interesante tratar lo relativo a la discriminación o los privilegios, pero también sería prudente analizar los derechos que derivan de la propiedad privada o el hecho de que consumir alcohol y alimentos en un centro nocturno o bailar en un club no son servicios públicos, básicos ni imprescindibles.
Lo anterior contrasta con una situación mucho más profunda de real violación a la igualdad que afecta un servicio fundamental que proviene desde el mismo Estado pero que nunca ha despertado el interés de los medios ni de los que se han dedicado a hablar del tema de las discotecas. Se trata de la discriminación que se produce en los tribunales al prohibir la entrada a ciertas personas por su vestimenta, restringiendo con ello su acceso a la justicia.
Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos son pobres. Peor todavía, una gran parte vive en pobreza tan extrema que a veces no tiene idea de si podrá comer en los próximos días y menos aún la posibilidad de comprar ropa.
No obstante, diariamente se impide la entrada a las cortes del país a personas que llegan en tenis, sandalias, hombros descubiertos o un pantalón a media pierna, independientemente de que quizás esa sea la única ropa que poseen y por su situación económica no tienen alternativas ante este problema.
Es decir, a pesar de que el acceso a la justicia y la gratuidad judicial están garantizados para todos los dominicanos por la Constitución sin hacer excepciones, agentes de seguridad en los tribunales, fundamentados en órdenes superiores que vienen de la misma cabeza del Poder Judicial, cercenan estos derechos sin prurito. Se produce entonces una discriminación por posición económica y con ello, por tanto, una indiscutible violación al valor, principio y derecho fundamental que constituye la igualdad.
Ojalá que en lugar de perder tiempo en un tema tan superficial como quién entra o no a una discoteca, se dedique atención a esta situación tan penosa que está obstaculizando a diario que muchos dominicanos puedan acceder a la justicia. Sería de gran ayuda para el bienestar colectivo.
