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La Ley Suprema incorpora un amplio catálogo de derechos, deberes y garantías que convierten el texto constitucional, en una norma que permite a las personas participar de manera activa en la construcción del país que aspira legarle a las presentes y futuras generaciones.
En ese orden, dentro de estos derechos, se encuentran los derechos de ciudadanías, civiles y políticos, a través de los cuales las personas tienen la oportunidad de realizar aportes sustanciales para la consolidar de la democracia y la institucionalidad, mediante la participación entusiasta; en los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas, fiscalización y control de los fondos públicos. En la actualidad, para potencializar la participación ciudadana en la República Dominicana, se ventilan en el Congreso Nacional dos proyectos de gran interés para la nación. Estos proyectos son: Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social y Proyecto de ley Orgánica de Referendo Consultivo y Referendo Constitucional Aprobatorio.
En esa línea, es importante destacar que, en el considerando cuarto del proyecto de participación y control social, se establece:
Que la participación y los mecanismos de control ciudadanos son instrumentos de gestión que ayudan al fortalecimiento de la democracia, ampliando los espacios para que la ciudadanía contribuya en el diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, permitiendo plasmar en acciones concretas y concatenadas las necesidades de la sociedad y los lineamientos de las políticas estatales.
En síntesis, de lo expresado precedentemente se colige que una de las formas para mejorar la calidad de la democracia y la institucionalidad, es participando. La idea es, que todos formalicemos el compromiso de pasar de una democracia representativa, a una participativa.
En este contexto, si queremos un mejor país, debemos realizar mayores esfuerzos para convertirnos en artífice de nuestro futuro. Para lograr este objetivo, tenemos que dejar de ser habitantes de República Dominicana y convertirnos en ciudadanos. Recordemos, que la calidad de la democracia y la institucionalidad es una tarea que nos compete a todos, ya que, todos somos compromisarios de la consolidación del Estado Social y Democrático de Derechos que hemos adoptado en el artículo 7 de la Ley Suprema.
En ese tenor, para mejorar la calidad de la democracia y la institucionalidad, se requiere de ciudadanos empoderados, comprometidos, y dispuestos a ejercer los derechos de ciudadanía establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
