“Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que luz”: José Martí
Casi desde su nacimiento la República Dominicana ha padecido el cáncer de políticos que se apropian ilegalmente de los bienes públicos para enriquecerse, ya actuando directa y descaradamente o a través de testaferros.
Por tiempos esas acciones corruptas han sido perpetradas por dictadores o tiranos que se han asumido como el estado mismo para despojar al pueblo de su patrimonio, o de manera más disimulada.
Cuando aspiraba en los 90 a la presidencia de la República Leonel Fernández denunció la corrupción que, entre otros daños le robaba al erario 30 mil millones de pesos anualmente, dijo.
También en campaña Danilo Medina advirtió contra la mala maña de funcionarios que estafaban al Estado y luego alegaban persecución política.
Pero bajo los 5 gobiernos de Fernández y de Medina la corrupción siguió campante, y en vez de disminuir, aumentó.
En la actualidad se está dando la circunstancia de que por vez primera las autoridades han empezado a asumir su responsabilidad de castigar a los corruptos para que sus robos no queden impunes.
Tras décadas de corrupción e impunidad que escandalizaban al público, en enero de 2017 con una auditoría social gritada en las calles, a través de las grandes marchas verdes, el pueblo dijo basta y demandó un antes y un después.
Correspondió al presidente Luis Abinader dar inicio a una seria profilaxis, que empezó por designar a las probas magistradas Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso al frente del Ministerio Público que, cumpliendo su responsabilidad de defender el interés social investigó y presentó pruebas contra altos funcionarios del pasado gobierno.
Al examinar las pruebas que le presentaran los fiscales la jueza Yanibet Rivas le vio suficientes méritos para enviar a juicio de fondo a uno de varios grupos acusados de cometer grandes estafas contra el erario.
Todos hemos visto cómo fiscales y jueces están abordando los casos de corrupción asegurando a los acusados todas las garantías del debido proceso, vale decir, están administrando justicia.
El jefe del Poder Ejecutivo, el ministerio Público y los jueces están cumpliendo su trabajo con toda responsabilidad para empezar a librar al pueblo dominicano del flagelo que es el robo de los fondos públicos, que empobrece al pueblo y le estafa sus posibilidades de desarrollo integral.
Se incrimina como cómplice de los corruptos cada dominicano que no se defina de frente a la corrupción, en especial aquellos compatriotas que tienen el privilegio de comunicar y hacer opinión pública.
Que nadie se haga el desentendido alegando que son discusiones entre políticos. Ya lo dijo el presidente Medina, todo el que ha robado fondos públicos sabía en lo que se metía, y no puede justificarse alegando que lo persiguen por político, pena que es mayor contra quienes por acción u omisión se hacen sus cómplices.
