Si hay algo peor que una mala decisión en materia electoral, son aquellas decisiones intrincadas que intentan complacer a todo el mundo, pero ocasionan un malestar generalizado. Eso fue lo que pasó con la resolución de la JCE en la que se elimina el voto de arrastre a nivel congresual en 26 provincias y se mantiene en el Distrito Nacional y cinco provincias. Para mantener el arrastre en estos lugares, el órgano electoral recurrió al párrafo 4 del artículo 104 de la Ley No. 15-19, que establece que aquellas provincias que están divididas por circunscripciones, a los candidatos a senadores se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en dichas provincias.
Interpretación confusa y discriminatoria que resulta en una clara violación a la Constitución en lo que respecta al sufragio universal directo (art. 77). Este tipo de decisiones ambivalentes tienen el peligro de que representan una mala señal sobre la capacidad de la JCE para enfrentar la complejidad del actual proceso electoral. Con dictámenes enmarañados como el del doble procedimiento para escoger legisladores, se genera incertidumbre sobre las condiciones institucionales para lidiar con unos comicios que se prevén conflictivos. Se requiere de firmeza de carácter para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la calidad de las elecciones.
La encuesta Gallup de esta semana indicó que el 55% de los dominicanos tiene poca credibilidad en la JCE para organizar los comicios. No solo los actores políticos, sino la propia institución electoral tienen la responsabilidad de revertir esa percepción. Eso solo se logra con un desempeño de la función electoral que genere confianza entre los partidos políticos y la población. La decisión sobre el arrastre no ayuda, como tampoco ayuda la actitud pasiva de la JCE frente al inicio de una intensa campaña por parte de los distintos precandidatos. Aquí también se ha dado muestra de poca firmeza, al establecerse un plazo para el retiro de vallas y afiches, el cual se violó sin ningún tipo de consecuencia.
La JCE no se puede dar el lujo de decisiones electorales ambivalentes. Es corto el tiempo y son muchas las tareas pendientes en la organización del proceso electoral. Están pendientes las elecciones primarias en octubre, las elecciones municipales en febrero del 2020 y las presidenciales y congresuales en mayo de ese mismo año. Todavía se está a tiempo de constituir un órgano electoral lo suficientemente fuerte para que asuma con éxito estos retos electorales. Para ello sus decisiones deben ser claras, tomadas luego de escuchar las opiniones de los actores y basadas en la Constitución y las leyes. Solo así se podrá contar con que las próximas, serán unas elecciones creíbles.
