Uno de los mayores logros que significó la aprobación de la nueva Ley 15-19 de Régimen Electoral fue el establecimiento de cuatro niveles de elecciones: presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal, conteniendo cada uno de estas candidaturas indivisibles.
Y esta separación no fue producto del azar, sino que la base conceptual del anteproyecto sometido por la Junta Central Electoral (JCE) como lo ha explicado el experto internacional contratado para su redacción, Daniel Zovatto, fue “que los electores tienen que votar de manera separada por el presidente, por los senadores, por los diputados y por los candidatos municipales”, lo que según sus palabras “fortalece el mandato constitucional sobre el voto directo y elimina cualquier interpretación a favor del arrastre”.
El tristemente célebre arrastre que ha hecho que los votos de los diputados beneficien al senador de la provincia, y que según los expertos es una modalidad prácticamente única de nuestro país, ha desnaturalizado el ejercicio del voto por los electores derivando consecuencias indeseadas por este en su libre derecho a elegir, pues votando por un diputado lo obliga a votar por un senador que puede rechazar.
Debemos recordar que lamentablemente la conquista de la celebración de elecciones separadas a nivel presidencial y congresual fue cercenada por la modificación constitucional de 2010, supuestamente bajo el argumento de no extender las costosas campañas, lo que ha quedado comprobado no es el caso.
Lo que ha sucedido es que el doble voto de arrastre, el directo de que se sumen los votos de los diputados a los de los senadores, más el indirecto, de que la votación por el candidato a presidente de un partido pueda arrastrar los senadores y diputados; ha facilitado que el partido que obtenga más diputados también obtenga más senadores y por ende controle ambas cámaras legislativas y que el partido que gane las elecciones presidenciales controle el Congreso.
Es absurdo e injustificable pretender mantener un arrastre que obliga al elector a beneficiar con su voto a quien no desea y que le impide poder elegir un diputado de un partido distinto al del senador que elija o viceversa.
Pero es mucho lo que está en juego pues la eliminación del arrastre con la separación de los niveles de elección no solo es respetar el libre ejercicio del sufragio, sino que podría provocar el derrumbe de un perverso sistema que ha permitido el control del congreso por el partido gobernante. Quizás por eso la JCE prefirió debilitar su ya erosionada credibilidad disponiendo que habrá cuatro niveles de elección en todas las provincias menos seis, precisamente las que concentran la mayoría de los votos, como si el derecho de ejercer el voto libremente dependiera de que la provincia en la que se vote tenga o no circunscripciones electorales.
En vez de demeritar a la JCE o al miembro de esta que, si bien no mantuvo su posición disidente hizo un aporte al exponer en hechos y derecho “los demonios del arrastre” y la necesidad de devolver al voto directo su poder como ordena la Constitución, los ciudadanos debemos hacer conciencia de lo mucho que está en juego y no dejar que esta discusión sea una querella entre partidos, pues nos atañe directamente ya que se trata de respetar la máxima expresión de derecho de ciudadanía, votar de forma libre y directa.
Para asegurar que se respete este derecho fundamental la vía no es socavar al órgano electoral, pues con eso perdemos todos, sino en adición a accionar las vías de recursos exigirle que revise su posición, pues el derecho al voto y a tener cuatro niveles de elecciones debe ser el mismo en todo el territorio nacional.
