El título de esta entrega corresponde a una frase del refranero popular utilizada desde hace muchos años en muchos países en cuyas costumbres se sienta su origen. La expresión se utiliza para referirse a los defectos o virtudes de un hijo respecto a sus padres u otros miembros de la familia. Se dice que la frase viene del latín “qualis pater talis filius” (de tal padre tal hijo). Su significado literal es que cuando se desprende una astilla de un palo ésta tiene las mismas características que el palo. Es muy usada en el léxico de los países de habla hispana.
Si decimos que nos referiremos al cuestionado caso del Intrant y sus derivadas marañas todos nuestros lectores sabrán de inmediato quién es el palo y quién la astilla. Un padre que debe decirle al pueblo dominicano qué significan sus constantes expresiones: “Soy un padre bueno, padre amado, padre responsable”, si la astilla se desprendió de él. ¡Vaya responsabilidad!
El caso del Intrant y su entramado han destapado grandes riesgos, peligros y amenazas para la seguridad nacional, no sólo en el presente sino en el pasado reciente y el porvenir, tocaron además los derechos humanos y privacidad de los ciudadanos. Lo que hasta ahora se ha hecho público al respecto trasciende el interés por la efectiva solución de los problemas del tránsito terrestre en República Dominicana, si partimos del fracasado proyecto de semaforización al que tanta publicidad le dieron y que envuelve el mayúsculo caso de corrupción descubierto, cuya dimensión dista muchas leguas de la intención de resolver un problema que hace tiempo fue declarado de urgencia y prioridad.
Cabe destacar que a raíz del escándalo del proceso de licitación para el Proyecto de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tránsito y Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el Director General del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) dirigió una comunicación al entonces Director del Intrant, en fecha 16 de mayo de 2023, que le advertía las implicaciones que en materia tecnológica de seguridad tiene ese proyecto, por cuya naturaleza es menester del DNI como organismo vinculado a la seguridad nacional velar por que ese sistema propicie a toda la ciudadanía un estado de paz y tranquilidad, y que un eventual fallo por manipulación o intrusión no autorizada a esos sistemas podría traer serias consecuencias para la seguridad pública, como de hecho sucedió. Llama poderosamente la atención que organismos de seguridad del Estado, determinados funcionarios de instituciones públicas, en un interés que pudiera ser legítimo por eficientizar la seguridad nacional, recurran a ciertas empresas para contratar servicios de tal naturaleza, propiedad de ciertos personajes cuyas generales conductuales, especialmente en ese tipo de servicios, son del todo conocidas, y que han incluso estado en procesos judiciales por prácticas de espionaje. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una de las interrogantes que esperan respuestas claras. El caso se presenta como una réplica de prácticas altamente lesivas, corruptas y malsanas al interés nacional.
El palo y la astilla son reincidentes en este tipo de situaciones vinculadas a una creciente tendencia del manejo y control de datos e informaciones a través de sofisticados equipos y métodos de inteligencia y seguridad, con fines oscuros en el fondo y supuesta oferta de servicios a la luz a través de empresas cuyas mismas prácticas las convierten en fantasmas con esos propósitos.
Esto lo evidencia el famoso contrato, titulado “Acuerdo de Cooperación” suscrito hace unos cuatro años, rescindido y vigente a la vez, entre un gobierno y una de esas empresas para ofrecer servicio nada más y nada menos que al Ministerio de Defensa (MIDE) del país. Escuchar esto suena a novela ficción, leer el contenido del acuerdo, como pudimos ver en el programa televisivo de investigación periodística Nuria del pasado sábado 12, llama la atención y crea una voz de alarma en el marco de cómo se debe manejar la seguridad nacional. Más que opinión, aunque la tenemos, este tema plantea muchas interrogantes.
¿Por qué funcionarios de instituciones oficiales, en diferentes gobiernos, han demandado y pagado servicios de personajes funestos que es todos conocido se dedican al oficio de espiar y extorsionar a base de la obtención ilegal de información confidencial?
¿Por qué los logotipos de instituciones de Defensa Nacional y del Orden Público, entre otras de su naturaleza, son exhibidos en empresas que no guardan relación oficial con éstas?
¿Con aval de quiénes y para qué se pone en ejecución un contrato que se dice rescindido?
Este caso tiene mucha tela por donde cortar y no se debe perder ni una punta. Las autoridades judiciales están llamadas a demostrar el buen manejo de la justicia “independiente”, como la ha definido el primer mandatario.
Existe un antecedente de la conducta del palo y posteriormente de la astilla sobre este tipo de prácticas de espionaje, el Palo está en eso desde la época del mimeógrafo y del papel estencil; la opinión pública nacional e internacional se ha hecho eco de varias denuncias de personas que en su momento han alertado sobre la existencia de una mafia de espionaje que por décadas viene actuando con apoyo desde varios gobiernos; unas pasaron inadvertidas, otras se mantenían un par de días en los medios sin llegar al fondo de la justicia. Otros casos similares y de naturaleza dudosa llevaron a prisión en la década de los 80 y 90 al padre de la astilla, y a éste en 2012, de todas apuntando hacia los mismos personeros como cabecillas. Hoy, cuando explota un tema complejo, delicado y muy grave, se pone en evidencia un entramado con fuertes raíces en esos antecedentes, que además compromete lo legal, la imagen internacional y la seguridad del país, con impredecibles consecuencias.
En este contexto, y vistos los hechos concretos hasta ahora evidenciados, no hay dudas de que el país está ante un escándalo de grandes dimensiones que compromete la seguridad del Estado y de los ciudadanos, más allá de los gobiernos de turno con los que los cabecillas principales de estos hechos se han sentido protegidos. El caso abarca a las empresas Aurix, Transcore Latam; al Intrant e involucra a varias instituciones castrenses, entre otras, y convergen éstas en acuerdos suscritos, donde la astilla, siniestro personaje dedicado a la industria de espionaje ilegal y extorsión habilitaba su empresa como contratista del Estado dominicano para temas de inteligencia y seguridad nacional. Y con el Intrant, para “brindar soporte en la detección de anomalías y actividades ilícitas vinculadas al tráfico y la seguridad vial, sustentado en investigaciones realizadas por Aurix.
Lo grave de todo esto, no es solo el hecho en sí como se ha descubierto y las serias imputaciones del Ministerio Público como es el que la citada empresa, en el marco del acuerdo con el MIDE, pudo adquirir tecnología súper avanzada como el programa espía israelí “Pegasus”, un sofware que solo se puede adquirir de gobierno a gobierno y/o entre entidades autorizadas a ese nivel. Lo grave de todo esto es que el palo y la astilla, personajes con conocidos antecedentes en el espionaje y la extorsión, sigan haciendo de las suyas en todos los gobiernos, se balanceen de escándalo en escándalo, jueguen con la inteligencia, con la seguridad nacional y con la ciudadana y hagan uso de su malicia en el negocio de tráfico de información con alevosía y premeditación.
La respuesta está en manos de la justicia “independiente” con la aplicación de la ley para todos.
