A más de dos años de que se destapara internacionalmente el caso de corrupción transnacional Odebrecht, debido al manejo dado al expediente por nuestra Procuraduría General el sentir generalizado es de una gran frustración, pues la mayoría entiende que en el sometimiento no están todos los que deberían.
A pesar de que precisamente en República Dominicana tenía su sede la tristemente célebre División de Operaciones Estructuradas y de que algunos de los imputados en Brasil tuvieron que suspender sus funciones como asesores del gobierno para ir a su país a someterse a la justicia, en nuestro país este caso ha tenido un historial muy distinto al de otros, en los que las investigaciones tocaron incluso las puertas de ex presidentes y presidentes, lo que ha provocado procesos judiciales, encarcelamientos, renuncias ante la amenaza de destitución, y hasta suicidios de estos.
El hecho de que la obra más grande ejecutada por la empresa brasileña, las plantas de Punta Catalina, fuera asumida como buque insignia de la presente gestión de gobierno, marcó el tratamiento dado al caso, el cual se caracterizó por dejar fuera del mismo todo lo relacionado con estas plantas, al extremo de que se decidió designar una comisión especial de empresarios y otros actores de la sociedad civil para que rindiera un informe sobre la contratación, y de que esta obra fue excluida de la investigación y sometimiento efectuado por la Procuraduría, a pesar de que en las delaciones de ejecutivos de la empresa se señalaba que habían pagado sobornos a su respecto.
Apenas días después del fallo del juez de instrucción especial que prácticamente pasó sin pena ni gloria ante una sociedad que desconfía de los acusadores y que entiende que un puñado de personas, originalmente 14 y actualmente solo 6, no pudieron ser los únicos que recibieron sobornos en una trama tan compleja y que involucró tantas obras, la mayoría de las cuales fueron realizadas en los gobiernos del partido oficial; cae como un meteorito desde el cielo el resultado de una investigación llevada a cabo por un consorcio internacional de periodistas de investigación, incluyendo a nuestra valiosa Alicia Ortega.
Esta investigación de los documentos de Odebrecht obtenidos por un medio y una fundación ecuatorianos detectó pagos efectuados desde las cuentas utilizadas por esta empresa para sobornos en los países en los que se llevó a cabo este esquema de corrupción, incluyendo pagos por un monto de 39.5 millones de dólares en relación con Punta Catalina, vinculados a 34 nombres escritos en clave.
De estas revelaciones no involucrar a 50 periodistas, 10 países y 19 medios internacionales se diría que se hicieron en este momento de forma ex profesa, pero lo cierto es que en el complejo escenario actual debemos agradecer y apoyar a las personas valientes que dedicaron su tiempo y se sacrificaron por hacernos ver que la corrupción es el hilo conductor de nuestros peores males, y por poner al descubierto a quienes aunque sus nombres estén escritos en clave tarde o temprano se sabrá quienes fueron.
La misma también ayudará a entender mejor la furia con la que algunos persiguen mantenerse en el poder, por lo que están dispuestos a pagar cualquier precio.
Nueva vez Alicia Ortega encontró lo que nuestras autoridades no quisieron o no pudieron hallar, y lo que muchos denunciaban sin pruebas, pero en esta ocasión no bastará con destituir un funcionario sin perseguirlo, pues lo que está en juego es mucho más que eso, se trata de incluir a la joya de la corona Punta Catalina en la mayor trama corrupta de empresarios que con dinero sobornaron funcionarios, consultores, lobistas, que incidieron en procesos electorales y que consiguieron adjudicarse obras, de la que con tanto afán han querido excluirla.
