El presente gobierno ha destruido el sistema de protección social que con tanto esfuerzo construimos bajo el gobierno del doctor Leonel Fernández. Lo primero que hicieron, como ya denunciamos en esta misma columna el pasado mes de octubre, fue desconocer la estructura institucional sobre la cual se había montado el programa Solidaridad, y para facilitar su propósito transfirieron el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) al Ministerio de Economía y fusionaron la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) con el programa que ahora denominan Supérate.
Asimismo, comenzaron a emitir tarjetas sin el nombre ni la cédula de identidad, todo lo cual les ha permitido sustentar una política de clientelismo y utilizar los recursos públicos de manera discrecional y descontrolada con fines puramente electorales, con una ausencia total de transparencia que ha provocado continuos escándalos a lo largo de los cuatro años y dos meses de este gobierno.
Ahora este gobierno nos anuncia que llegó la “Brisita Navideña” un programa de bonos que serán distribuidos a tres millones de personas con un monto de l,500 pesos cada uno, lo que en buen español significa que, si el censo de la población de 2022 arrojó que la República Dominicana tiene 10.9 millones de habitantes, se estará beneficiando el 42% de la población adulta del país, que según dicho censo asciende a 7.2 millones.
¿Y quiénes serán los agraciados con la “Brisita Navideña”? Desde el primer día comenzaron los escándalos, pues resultó que en la lista de estos figuraron los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y con ellos numerosas personas que no se encuentran en situación de apremio económico y también miles de hombres y mujeres de negocio y con buenos empleos que no requieren de asistencia alguna del Gobierno.
La burla al pueblo ha sido de tal alcance que los funcionarios responsables de la distribución de bonos han tenido que salir a la calle a distribuirlos y también a entregarlos casa por casa, como si estos fueran remedios para resolver el tsunami de clientelismo político y la falta de institucionalidad que caracteriza este gobierno.
Desde luego, como desde muy jóvenes aprendimos con Juan Bosch que en política hay cosas que se ven y cosas que no son ven, y que estas últimas suelen ser las más importantes, es necesario preguntarse quiénes han sido los afortunados que ganaron la licitación para vender al Gobierno tres millones de tarjetas, pues se ha sabido que el costo de cada una de ellas es de 600 pesos, y si es así, como se ha informado, entonces estos agraciados se habrán embolsillado 30 millones de dólares. Si se le suma a estos números los 100 pesos que cuesta la distribución de cada tarjeta, entonces necesariamente estamos ante un gran negocio y en un despilfarro para las arcas públicas.
Así si es bueno, Magino. Los verdaderos beneficiarios de los bonos han sido los que se metieron en los bolsillos los 30 millones de dólares. Un verdadero huracán navideño para estos amigos del gobierno, y apenas una brisita para la gente humilde de nuestro pueblo.
Son estas razones las que nos llevaron el pasado lunes a solicitarle públicamente al Gobierno la publicación de las bases de datos con los nombres de los beneficiarios y su número de cédula de identidad, tal como lo hacíamos en el gobierno de Leonel Fernández cuando supervisaba el programa Solidaridad; a que proceda a una verificación técnica de los criterios que se aplicaron para escoger a los beneficiarios; a aclarar por qué se pagan 700 pesos por la emisión y distribución de las tarjetas; a que aclare cuánto se paga por la emisión de la tarjeta Supérate y diga cuántas se han comprado, y cada cuánto se compran; a que haga públicos los contratos para la compra y distribución de la tarjetas del Bono Navideño; y cuántas se ha comprado en el período 2020-2024.
No se posible que por la falta del liderazgo con que se maneja el gobierno, los dislates y errores que ocurren todos los días, y ante la ausencia de un plan de trabajo y objetivos concretos, los recursos públicos se utilicen de manera discrecional y descontrolada, y que las instituciones, especialmente las dedicadas a la protección social no funcionen adecuadamente.
El desmedido clientelismo político debe cesar. La improvisación y la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos destinados a la protección social deben ser frenados, y si las autoridades responsables persisten en la práctica, todo un pueblo debe hacerles saber que la protección social de los vulnerables es un derecho esencial que debe ser preservado y defendido. Conductas como la denunciada generan la indignación, y esta democracia que hoy vivimos costó mucho dolor para que sea menospreciada y echada por la borda por autoridades que solo piensan y trabajan para su interés personal.
