La sola mención de que el gobierno de Canadá instalaría una oficina en territorio dominicano para desde aquí colaborar con la policía de Haití, ha desatado un avispero en todos los sectores de opinión y en los ámbitos políticos de nuestro país. La aclaración desde el Gobierno de que RD no participará “en ninguna iniciativa que la comprometa en realizar acciones directas en Haití” debiera ser suficiente ya que desde el principio ha exigido a la comunidad internacional acciones concretas para solucionar la desastrosa situación del vecino país, y mal podría conformarse o acordar la instalación de una “oficinita”. Bien por la enérgica reacción en contra del anuncio de Canadá, y mejor todavía de que el Gobierno no esté en ánimo de hacer la más mínima concesión.