Se podría argüir que lo que ha hecho la JCE con su advertencia a los partidos de que deben descontinuar su abierta campaña proselitista, es aplicar prohibiciones plasmadas en la ley que sus propios legisladores aprobaron. Pero también que su comunicado es extemporáneo porque, por un lado, hace cinco semanas del inicio oficial de la precampaña y, del otro, que tanto el TC como el TSA se han pronunciado sobre la amplia libertad que tienen partidos y aspirantes a cargos electivos a difundir sus propuestas. Ya en 2020 se dio una discusión similar contra medidas que empezaron a “cojear” desde que la JCE, en un reglamento, instó a los cabildos a retirar vallas y propagandas y estos se declararon impotentes por falta de equipos y recursos.

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