Cabe preguntar qué tan hondoS son los bolsillos de algunos candidatos para pagar a cada rato y hacer del dominio público encuestas con el mes de mayo todavía lejos. Se trata de números hechos a mano, sin valor científico y de nula credibilidad, para posicionar al que paga y disminuir a contrarios. Son de poca utilidad, salvo para crear falsas percepciones, porque a esta altura del juego difícilmente incidan en el ánimo de un elector que no tenga determinado a quién votará. Aunque no violentan la norma, porque la Ley Electoral 20-23 solo exige a las encuestadoras como requisito fundamental “inscribirse en un registro” de la JCE, (artículo 213), debiera existir algún freno para lo que va camino a ser no una guerra, sino un relajo.