Araíz de la convocatoria que hiciera la Junta Central Electoral para detener la campaña a destiempo de los partidos políticos, he escuchado algunas voces, pretendiendo desacreditar el órgano electoral por el llamado a la firma del compromiso por la integridad electoral, me parece que quienes piensan de esa manera hacen un flaco servicio a la democracia y al sistema de partidos, no han entendido o no entienden el rol preventivo, de arbitraje, de concertación, más allá de su espíritu sancionador que desde luego tiene la JCE.
Ya, en otras ocasiones la junta ha jugado un papel interesante cuando se plantearon las reformas a las leyes electorales desde el Consejo Económico y Social (CES), propuestas que surgieron en el marco del CES y que aún espera por la aprobación en el congreso.
El accionar de la JCE como árbitro de los procesos electorales tiene un gran impacto en la legitimidad de ellos, debido a que los actores políticos tienen necesariamente que tener confianza en los resultados y evidentemente comprometerse a cumplir y aceptar las reglas del juego.
Es válida la iniciativa de la JCE de comprometer a los partidos políticos a la firma de un pacto que procure garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones del 2024.
La JCE tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes electorales, además de que los actores políticos tienen el deber de contribuir con el órgano electoral para el cumplimiento de lo que establecen las leyes, de manera que, si además de las leyes que tenemos se firma un compromiso por la integridad electoral, es un motivo más para que los partidos políticos respeten las reglas del juego y desde luego la JCE pueda realizar un proceso diáfano y transparente.
Los órganos electorales tienen la función de resguardar el derecho universal a elegir y ser elegido, así como la celebración de elecciones limpias y creíbles como expresión de la soberanía del pueblo, tal y como está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución.
La Junta Central Electoral como órgano rector del sistema de partido tiene el compromiso de la supervisión y la fiscalización del proceso electoral, orientados evidentemente a asegurar la equidad, la integridad y la transparencia de las elecciones. Es por eso que para nada sirve demeritar o desacreditar el árbitro electoral, todo lo contrario, tenemos que cuidarlo, protegerlo, apoyarlo para que su desempeño se desarrolle en un ambiente de confianza como merece y espera el sistema de partidos y la ciudadanía en general.
