Los hechos acontecidos en los meses transcurridos desde la designación de una procuradora general de la República no solo independiente sino de gran reciedumbre moral, han ido dando la razón a los que durante años reclamamos que así fuera, y es una de las más acertadas decisiones que ha tenido el actual gobierno, no solo porque demuestra el firme compromiso del Presidente de respetar la debida separación de las investigaciones judiciales históricamente bajo su égida, sino porque le evitó desde el primer día cualquier intento de buscar apañamientos o protección en su seno.
Durante las últimas décadas hemos celebrado las buenas cifras de crecimiento económico del país, aunque se denunciaba que esta bonanza no se sentía en los bolsillos de la población, especialmente de los más desposeídos, pero siempre refulgía como una mancha indeleble el pésimo desempeño de nuestro sector eléctrico que constituye una de las principales causas del déficit público.
La querella por supuesta estafa a las distribuidoras de electricidad por más de 20 mil millones de pesos depositada recientemente por el vicepresidente ejecutivo de su consejo unificado, sumada a los casos de corrupción denominados como Operación Pulpo y Coral, en parte explican el porqué el crecimiento económico no se tradujo en mejorías significativas de los servicios públicos ni de los índices de pobreza, pues gran parte se desvió en enriquecimiento ilícito de unos cuantos, y deja ver el porqué a pesar del mal desempeño de las distribuidoras, especialmente Edeeste, los recién pasados gobiernos prefirieron dejarlas bajo control totalmente estatal, en violación del modelo dispuesto por la Ley 141-97.
También explica el porqué a pesar de los tantos financiamientos de organismos multilaterales para supuestos planes de reducción de pérdidas, estas nunca se redujeron, y en algunos casos aumentaron, lo que debió ser advertido para no continuarlos, y se dio de lado a programas informáticos con demostrada efectividad que no conllevaban grandes costos, pues al parecer lo que se buscaba no era reducir las pérdidas, sino tomarlas de pretexto para comprar y construir hasta lo innecesario con tal de beneficiar a un grupito, convirtiendo ese deficitario sector en el nicho principal de familiares y protegidos del poder de turno y en el espacio idóneo para entramados corruptos.
Muchos de estos hechos se rumoraban, y algunos, fueron objeto de denuncias como la adjudicación de la construcción de las plantas de Punta Catalina, pero ni el destape del caso de corrupción internacional Odebrecht pudo vencer el manto de impunidad, pues una Procuraduría totalmente dependiente del Poder Ejecutivo se ocupó de excluir de la persecución la más grande obra construida por dicho consorcio.
Todos estos años de corrupción y de impunidad, en los que se ha permitido a tantos enriquecerse vilmente y seguir muy campantes su meteórico ascenso político y social, han exacerbado la apetencia de aquellos que se enganchan a la política y buscan conseguir puestos no para servir sino para servirse, y han desbordado las barreras de lo imaginable en cuanto a actos delictivos, dando razón a la vieja creencia de que en este país algunos funcionarios toman préstamos para ampliar sus posibilidades de delinquir.
El Presidente dijo recientemente que el que comete en su gobierno un acto de corrupción, “o es un patológico corrupto o es un suicida”, y la demostración no se hizo esperar, con el destape de la mafia en la Lotería Nacional, la que a pesar de las simulaciones de su destituido director evidenció que más que suicidas hay corruptos patológicos que todavía piensan que sus fechorías no serán conocidas y muchos menos castigadas.
La corrupción patológica como han dicho grandes expertos es una grave amenaza para las democracias, ojalá que estas firmes acciones de persecución logren no erradicarla, lo que sería imposible ya que es parte de la naturaleza humana, pero sí desmontarla como sistema.
