La historia dominicana está llena de casos donde la sociedad es quien ha tenido que levantarse para denunciar, reclamar, y hasta confrontar, contratos que, en nombre y en representación del Estado dominicano, fueron firmados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que posteriormente, al ser revisados con lupa crítica de un nuevo Gobierno, quedaron evidenciados como altamente perjudiciales para el Estado por tener una altísima capacidad para erosionar las arenas sueltas de las finanzas públicas, pues muchas veces se entiende que el Estado es fuente inagotable de recursos económicos, donde grupos comerciales, extranjeros y nacionales, hacen alianzas estratégicas con funcionarios y legisladores para aceptar contratos con cláusulas y condiciones que hasta un indígena tarado habría rechazado, y todo cimentado en saber que nunca les pasará nada, porque nunca se hará nada.
Pero no es casualidad que cada vez que la sociedad haga referencia de algún contrato firmado con el Estado en un período determinado, el resultado sea siempre que el contrato es altamente perjudicial para el interés nacional, y que en caso de que el Estado quiera rescindir o revertir los términos contractuales, la respuesta siempre sea que el Estado no lo puede disolver porque tiene que pagar todos los beneficios que dicho contrato ha de representar para quienes poseen el derecho contractual, en una clara señal de que cuando se firman esos contratos se está muy consciente de que el objetivo primario es exprimir recursos al Estado, y que si un nuevo Gobierno decidiere dejarlo sin efecto, tendría que pagar todo lo que resta ganar durante la vida contractual.
Y así contratos van y contratos vienen, los que van desde un mal contrato para ineficiente recogida parcial de la basura que produce la ciudad capital, hasta un contrato de mantenimiento vial sustentado con el cobro del peaje que paga todo vehículo que sale de la capital, pero donde sólo se cobraba el peaje pero no se invertía un solo centavo en mantenimiento vial; o el arrendamiento de puertos donde los arrendatarios cobraban a todo usuario de esos puertos, pero no invertían un solo peso para una funda de cemento, aunque los arrendatarios producían mucho cemento; o un contrato minero donde se cambió su entorno global para colocarle una condicionante a una tasa interna de retorno anual, condicionante que a partir de saber administrar garantizaba no tener que pagar, o un contrato de inversión para construir una estrecha carretera para viajar desde la capital hasta la franja peninsular donde el mármol portoro es lo más normal, contrato que está diseñado con ángulo de peralte vial que siempre se inclina para desgastar el presupuesto y el interés nacional, y donde la velocidad de tránsito es limitada, pero la velocidad de cobro es ilimitada para facturar altísimos peajes al usuario final y altísimos peajes sombra que el Estado está obligado a pagar.
En un artículo publicado en este periódico elCaribe, en fecha 17 de marzo de 2014, hace siete años, y que titulamos “Entre peajes caros y peajes baratos”, expusimos que “Un viaje de ida y vuelta de Santo Domingo a Las Terrenas tiene un costo de RD$1,638.00 para vehículos livianos; RD$3,328.00 para los microbuses y minibuses, RD$4,346.00 para autobuses y camiones de dos ejes y RD$6,154.00 para camiones y volquetas de 3 ejes, a todo lo cual debemos sumarle los RD$2,740.00 pagados por el Gobierno como peaje oculto por cada vehículo, totalizando un exorbitante costo que varía entre RD$4,378.00 para los vehículos livianos (RD$16.20/km) y RD$8,894.00 (RD$32.90/km) para los vehículos pesados de 3 ejes, lo que obliga a rescindir ese contrato, previo pago del dinero invertido, menos lo ya amortizado”. Y aunque en varias ocasiones se ha anunciado su rescisión, y aunque el costo del peaje sigue alterado para el usuario y para el Estado, hasta la fecha el contrato sigue “su agitado curso”, tal y como cada día decía Rodriguito al finalizar el toque de queda nacional de “El suceso de hoy”.
El país tiene la experiencia de haber rescindido el contrato para el mantenimiento vial, aunque tuvo que compensar, tiene la experiencia de rescindir contratos de administración de puertos, aunque también tuvo que compensar, tiene la experiencia de rescindir el contrato para la recogida de basura en la capital, sin tener que compensar, y tiene la experiencia de revisar y reajustar, favorablemente para el Estado, dos contratos para las dos más grandes operaciones mineras del país, y sin detrimento para las mineras que siguen recibiendo beneficios acorde a sus inversiones, y que entendieron y aceptaron que los contratos anteriores no eran justos, lo que implica que sobre esa experiencia de negociación debe montarse la estrategia de reclamación frente a los tenedores de los derechos de un contrato de inversión y administración vial que es altamente perjudicial para un pueblo que paga doble peaje, porque paga mucho en efectivo cuando se detiene en cualquiera de sus 4 peajes, y paga mucho de sus impuestos cuando el Estado emite cada pago anual a la concesionaria vial (RD$3,567 millones en 2019 y RD$7,000 millones en 2020); pero, para el Estado poder ganar esta nueva batalla campal, debe saber argumentar y bloquear, tal y como se hizo en los contratos ya rescindidos y en los contratos ya modificados.
