Hace ya más de una década le presentaba a mi profesor Juan Manuel Guerrero la intención de desarrollar mi tesis sobre la participación ciudadana en la gestión administrativa, su respuesta fue bautizar el tema como un cambio copernicano en las democracias modernas. Recién estrenábamos la Constitución de 26 de enero de 2010, donde se consagraba el marco general de participación y los mecanismos directos de participación local, respecto a la tan olvidada gestión municipal. En ese entonces se auguraba un gran camino por recorrer y más de diez años después nos preguntamos si hemos avanzado lo suficiente.
No obstante el reconocimiento constitucional y su protección por parte del Tribunal Constitucional, seguimos dependiendo de un marco legal que concrete el texto constitucional y facilite las herramientas para ejercer los derechos de participación ciudadana.
Antes y ahora la eficiencia de la Administración vista desde la óptica ciudadana, arroja como resultados una Administración fallida, con escaza confianza de la sociedad en sus instituciones, pero sobre todo alejada de los ciudadanos. El avance social y el entorno, extraordinariamente cambiante de la Administración Pública ,reafirma que las viejas propuestas de la administración no sirven para resolver los nuevos problemas.
Varios de los problemas de la Administración Pública tienen que ver con la incapacidad de gestionar el cambio, sin estimular diversas formas de mejorar los procesos, además de esto se sigue más preocupado en curar que prevenir, es un problema que tenemos como sociedad en general, pero en la Administración es donde se hace más evidente la falta de previsión.
Internacionalmente los municipios o sus homólogos, según corresponda, han sido el escenario para que los mecanismos de participación se desarrollen, focalizados los problemas, y empoderados a los munícipes, que son quienes reciben directamente los beneficios de una buena gestión, se consigue, como manda la Constitución, fortalecer la democracia y la gestión local. En cambio nuestro país sigue sin desarrollar el potencial de mecanismos como los presupuestos participativos y la iniciativa normativa municipal, por citar dos ejemplos.
Nuestras normas y respuestas se basan en mediciones incorrectas, priorizamos lo que los “técnicos” y “expertos” internacionales dicen sin tomar en cuenta lo que dicen los intereses de los ciudadanos, sorprendería la cantidad de decisiones que se toman en la Administración sin una mínima consulta ciudadana.
Resulta típico de la Administración culpar a las personas por los errores, claro que en las Administración se cometen errores, como en cualquier organización, sin embargo no favorece el creer que los fallos de la Administración se deben a negligencias o deslices de los empleados, esto sin preguntarnos si los errores, más que atribuibles a las personas, son resultado de un sistema organizacional que los favorece.
De allí la segunda parte, se requiere empoderar la ciudadanía, pero también modernizar la Administración, se debe cambiar el chip de ver el manejo de la cosa pública sin criterios de eficiencia y eficacia, en el ámbito privado se invierte en la mejora constante de los procesos y es lo que permite el constante crecimiento, ¿por qué no hacerlo también en la Administración Pública?
Citando las palabras de Paola Santana en el reciente Congreso Internacional del Tribunal Constitucional de la República Dominicana: “Con tanto poder, con tanto dinero, con tanta capacidad de cambio y con tanta gente buena trabajando en el Gobierno no se justifica que no haya resultados”.
