Siempre que se inicia el debate en torno a la participación de la mujer en los puestos de elección popular, salen a relucir argumentos y situaciones que más que contribuir a una discusión constructiva profundizan la incomprensión de este tema.
Veamos lo que plantea nuestra Constitución respecto a esta cuestión, para no abordar esta temática partiendo de valoraciones meramente subjetivas.
En su artículo 39, la Carta Magna establece que “el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
Partiendo de este esbozo constitucional, la Junta Central Electoral intentó rebasar la cuota del 33% establecida en la Ley Electoral (275-97), y propuso entonces, en su proyecto de Ley de Régimen Electoral, elevar ese porcentaje a un 50%.
Pero ese proyecto de ley perimió y quedó vigente la limitada cuota de 33 por ciento, que irónicamente fue asumido con beneplácito por la población femenina dominicana que hace vida política.
Y digo irónicamente, porque lo justo sería que haya un equilibrio en las nominaciones a cargos elegidos por voto popular. Pero prevalece el pírrico 33 por ciento, que a diferencia de las elecciones congresuales y municipales del 2010 no ha arrojado resultados significativos en términos de proporción de la mujer frente al hombre.
En las votaciones del 2010, las mujeres elegidas para diputadas por el voto de la ciudadanía fueron 37. En el 2016, la cifra se elevó a 50, reflejando un aumento de 13 diputaciones. En los escaños para el Senado no hubo aumento ni descenso. Tres mujeres, al igual que en 2010, salieron senadoras en la pasada contienda.
En el 2016, según la JCE, los hombres obtuvieron 127 diputaciones, contra 50 de las mujeres. Las plazas a diputaciones al Parlecen (14 a 6) y diputaciones nacionales (3 a 2), también fueron lideradas por el género masculino.
Como se puede apreciar, todavía existe discriminación frente a mujeres incluso con excelentes cualidades para la política. Más allá del discurso integracionista, la realidad es que a las damas se nos hace mucho más difícil el acceso a los círculos de poder. Y en algunos casos podemos notar hasta cierto conformismo con las migajas que nos dejan caer.
Y es que, lamentablemente, la mujer queda a expensas de las cuotas o decisiones adoptadas por el liderazgo político tradicional, relegándola a un estrecho espacio con escasas posibilidades de explotar sus capacidades y potencial político.
