En una carta abierta al presidente Joe Biden, un grupo de 25 economistas, periodistas y representantes del sector privado y la sociedad civil venezolana pidieron el levantamiento de las sanciones norteamericanas contra su país, no solo porque han afectado la economía y el nivel de vida del pueblo, que masivamente las repudia, sino porque han mostrado ser inoperantes y fallidas.
La carta abierta fue enviada el 14 de abril del presente año, en medio de circunstancias regionales e internacionales que tocan de cerca a la producción y comercialización de hidrocarburos, de los cuales Venezuela es uno de los países exportadores más destacados. La guerra de Ucrania ha demostrado que las naciones occidentales y los Estados Unidos, grandes consumidores de gas y petróleo, no están preparados para garantizar su soberanía energética y se encuentran abocados a una crisis de incalculables consecuencias. El resto del mundo también está sintiendo el impacto de esta crisis, que pone la gobernabilidad de las naciones con economías más frágiles, al borde de estallidos sociales incontrolables, al deteriorarse el precario equilibrio existente entre costo de la vida, pobreza y subsistencia.
Entre los argumentos de los autores de la carta enviada al presidente Biden, que se presentan como “defensores de la democracia”, se encuentran la necesidad de que se continúe promoviendo las negociaciones entre las partes, y también la solicitud al gobierno de Venezuela y a la oposición que retomen cuanto antes el diálogo “… pues no hay tiempo que perder”. Otros argumentos en que se fundamenta la solicitud es que “… la política de presión máxima y de sanciones económicas contra Venezuela no han logrado sus objetivos”, provocando el rechazo del 75 % de la población, que ha visto deteriorarse sus condiciones de vida, especialmente en las esferas alimenticia y de salud, lo cual debe ser, según se afirma, “el centro de las negociaciones”.
Los firmantes de la carta abierta exhortan a que entre las partes en conflicto se imponga la racionalidad, la confianza y la flexibilidad de sus posiciones, para poder llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Exhortan al gobierno de Venezuela a aceptar la necesidad de llevar a cabo una “…significativa reforma política y electoral y continuar la liberación de los prisioneros políticos”, mientras que a la oposición se le pide “… deje de ser rehén de demandas extremas, que solo prolongarán el sufrimiento generado por el presente estado de cosas”.
Lo más sustancioso del reclamo, dada la crisis energética mundial derivada de la guerra en Ucrania, es la propuesta de que se autorice a regresar al país a las compañías occidentales y del sector privado, sin mencionar curiosamente a los grandes consorcios petroleros norteamericanos. La idea es, como se afirma, atraer inversiones y generar producciones y exportaciones más altas, pero sin la participación estatal, como queda claro al afirmarse que “… el gobierno venezolano debe permitir que estas empresas administren los proyectos petroleros, a sus contratistas y a los ingresos por exportaciones, al tiempo que recibirá las regalías e impuestos correspondientes”. Se trata, en resumen, de una propuesta de reprivatización del sector petrolero venezolano, o lo que es lo mismo, la vuelta al pasado que la revolución bolivariana erradicó en beneficio de la nación y de las grandes mayorías.
Llegados a este punto, las cosas se aclaran más: los firmantes también piden que el acuerdo vigente con China de venta preferencial y a precios especiales, se extienda a los Estados Unidos y al mercado mundial, como contribución de Venezuela a “…la seguridad energética del mundo libre y una ayuda potencial para evitar el alza de los precios del petróleo”
Es sumamente curiosa la propuesta de estos firmantes “independientes”, pues coincide, punto por punto, con la desesperada solicitud hecha por el gobierno norteamericano al de Venezuela, en medio de la crisis europea, de elevar la producción, lo cual no puede hacerse bajo las condiciones del bloqueo y sanciones. Lo diferente aquí es que se pone en boca de venezolanos lo que beneficia, a la larga a los Estados Unidos, pues reprivatizar la principal empresa del país, y darle participación en ello a las empresas occidentales y a la propia oligarquía nacional desplazada del poder, es volver a restaurar las cadenas económicas, la subordinación y dependencia, que la revolución bolivariana cortó. Y de paso, esta finta también permite a los Estados Unidos presentarse como benefactor, después de haber sido cruel e implacable verdugo del pueblo venezolano. A cambio, como si fuese una dádiva y no una violación de las normas del derecho internacional, se pide dejar sin efecto las sanciones. Por otro lado, las alusiones a China y la mención al “mundo libre”, reiterada posición de la propaganda norteamericana en tiempos de Guerra Fría, no dejan lugar a dudas de que, en el fondo se trata de intentar atraer a Venezuela al bloque geopolítico que lidera, aunque de manera crepuscular y decadente, los Estados Unidos.
Tenemos plena confianza de que el gobierno revolucionario de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, sabrá negociar este y otros asuntos pendientes de su relación con el gobierno norteamericano y sus aliados, en beneficio de su pueblo, lo que ha demostrado de manera ejemplar resistiendo todas sus embestidas y agresiones, sin claudicar.
Y mientras esto tiene lugar, y la más que previsible prensa internacional, al servicio de esa política injerencista, comienza a difundir el texto de esta carta abierta con sospechosa rapidez e interés, se supo que el gobierno de Joe Biden acaba de entregar a Colombia un importante lote de vehículos blindados para ser situados en la frontera con Venezuela.
De todos modos, en mi condición de amigo de la revolución bolivariana de Venezuela, reconozco que corresponde a ellos buscar la solución más conveniente para su pueblo. Confío en su madurez, capacidad y sapiencia; cualquier decisión que adopten contara siempre con nuestro reconocimiento y apoyo.
