Nuestro país acaba de pasar por un hecho sin precedentes, que el proceso de elecciones municipales tuviera que abortarse porque se produjeron graves fallas en el sistema de voto automatizado que no pudieron ser corregidas por la Junta Central Electoral (JCE).
Este deplorable acontecimiento es una de las más lamentables páginas de nuestra historia democrática, no solo porque los ciudadanos no pudimos ejercer en la fecha señalada por la Constitución el derecho a elegir y ser elegidos, o porque miles de millones de pesos se desperdiciaron y otros tantos tendrán que ser gastados para celebrar extraordinariamente las elecciones municipales, sino porque se quebró la confianza en un sistema electoral que, tras años de esfuerzos, vaivenes, y millonarias inversiones de recursos, sigue generando problemas.
La primera conclusión a la que muchos llegamos es cómo fue posible que nuestras autoridades electorales, del gobierno central y buena parte del liderazgo político, se obstinaran en embarcarnos en un sistema de votación automatizado que ha sido utilizado en menos de una decena de países y que ha generado innúmeros cuestionamientos y problemas que provocaron incluso su declaratoria como inconstitucional en Alemania.
Es penoso tener que recordar que voces autorizadas alertaron sobre los riesgos como lo hiciera la presidente de Transparencia Internacional Delia Ferreira, quien en visita al país en febrero del pasado año dijo que “el voto automatizado podría comprometer el resultado de las elecciones y lacerar el derecho de elegir secretamente.”
Lamentablemente como suele ocurrir en nuestra débil democracia, los temas fundamentales se contaminan por intereses políticos particulares, y la pugna entre el presidente y el pasado presidente Fernández hizo que la facción del gobierno se abanderara del voto automatizado satanizando cualquier cuestionamiento, como forma de demeritar las denuncias, algunas válidas y otras percibidas como totalmente fantasiosas, de sus otrora copartidarios.
Tenemos la memoria muy corta o la obstinación y la arrogancia siguen siendo malas consejeras, pues en las pasadas elecciones de 2016 se quiso imponer un conteo electrónico, que gracias a la intervención de la misión observadora de la OEA “in extremis” se aceptó que fuera también manual, lo que salvó el proceso debido a las múltiples fallas acontecidas.
Esta misión en su informe final realizó observaciones señalando que “la principal fragilidad de la jornada estuvo en el uso de los equipos técnicos” y que “la implementación de innovaciones tecnológicas debe ser paulatina, permitiendo que tanto la autoridad electoral como los partidos y la sociedad en su conjunto estén preparados para cambios tan significativos”.
A pesar de esa experiencia traumática tan reciente y de que los escáneres que yacen almacenados sin uso nos recuerdan que pagamos casi 40 millones de dólares por estos, decidimos embarcarnos en una nueva apuesta tecnológica, invocando blindaje del sistema y sin tener como plan b la votación manual, cuando todos sabemos que no hay sistema que no sea vulnerable ni operadores infalibles.
Hay un tiempo para todo, y este tiene que ser para que los responsables reconozcan con humildad sus errores, se investiguen causas y se apliquen las debidas consecuencias, y para que aprendamos finalmente las lecciones para no seguir tropezando con la misma piedra. La JCE como organizadora del proceso y garante de su equidad debe hacer lo necesario para que la prórroga indeseada de la fecha de las elecciones municipales no se convierta en una extensión de la campaña, limitando las actividades y proselitismo a los mínimos necesarios, pues no se trata de que se canceló el carnaval y que los pocos que tengan recursos armen nuevamente sus carrozas y comparsas ante la mirada impávida de los demás, sino de un tiempo de contrición, en el que el liderazgo político debe actuar con prudencia, moderación y austeridad, colocando el país por encima de sus propios intereses, que es lo menos que deben darle a esta sociedad que sigue injustamente pagando por sus platos rotos.
