7 de junio de 2018. El FMI anuncia que su personal técnico ha alcanzado un Acuerdo Stand-By con Argentina de 36 meses, que permitiría al país recibir US$50,000 millones. Ese día, la tasa de cambio cerró en 25 pesos argentinos por dólar.
El FMI señaló en su comunicado que apoyará brindando recursos financieros a “un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino.” La Directora Gerente del FMI indicó que ese acuerdo “apuntalará la confianza del mercado, dándoles a las autoridades tiempo para abordar un abanico de vulnerabilidades de larga data.”
El plan económico del gobierno argentino propone un “reequilibramiento” del balance fiscal. Para el 2020, se alcanzaría el equilibrio en el balance primario del sector público, con lo cual el déficit del sector público sería equivalente a los intereses de la deuda pública (2.6% del PIB), más los intereses sobre los desembolsos del FMI.
El comunicado precisa que “las autoridades (argentinas) se han comprometido en mantener un piso para el gasto en asistencia social. Han asumido el compromiso de velar porque el gasto, como porcentaje del PIB, no descienda en los tres próximos años. Asimismo, si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales.” ¿Imaginan la cara de los tenedores de bonos?
Indica que las autoridades han asumido el compromiso de asegurar la independencia del Banco Central de Argentina (BCRA), poner fin al financiamiento del déficit federal por parte del BCRA y mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado.
Señala que el FMI hace suyos “los esfuerzos (de las autoridades) por nivelar el campo de juego entre los hombres y las mujeres de Argentina, sobre todo mediante la reforma del código impositivo y la legislación social.”
Todo el mundo en Argentina y en Washington esperaba que con este anuncio retornaría la tranquilidad en el mercado cambiario y que los inversores, ante al apoyo de US$50,000 millones -equivalentes al 100% de las reservas internacionales del BCRA-, recibirían una elevada dosis de confianza para seguir apostando a favor de la economía argentina.
Lamentablemente, no ocurrió así. El viernes pasado, la tasa de cambio cerró en 28.35 pesos argentinos por dólar, registrando una devaluación de 13.5%. El presidente del Banco Central renunció y fue sustituido por el Ministro de Hacienda.
¿Es posible explicar este resultado? En un país como Argentina, lo más que podemos aspirar es a especular sobre el porqué el mercado reaccionó de esa manera. En primer lugar, es difícil encontrar algún otro país de la región donde se acumulen más fracasos de programas de ajuste y estabilización. Eso tiende a minar la confianza de los agentes económicos e inversionistas, en anuncios o medidas. En segundo lugar, la trayectoria alcista de la tasa de política del FED y, por tanto, de los bonos del Tesoro de EUA, estimula la migración de capitales desde las economías emergentes hacia títulos de deuda soberana de economías desarrolladas. En tercer lugar, el programa de ajuste y estabilización elaborado por el Gobierno de Argentina que se desprende del comunicado del FMI, no parece ser lo suficientemente ambicioso para una economía con desbalances tan pronunciados. Luce demasiado gradual frente a la magnitud del problema y el entorno internacional desfavorable.
Temiendo al costo político del ajuste y las reformas, Macri optó desde que asumió el 10 de diciembre del 2015 por una gradualidad excesiva. Eso explica el porqué el déficit del sector público, en vez de bajar, pasó de 5.9% a 6.9% del PIB entre el 2015 y el 2017, lo que estimuló un aumento en el déficit de la cuenta corriente de 2.7% a 4.3% del PIB en el mismo período.
El problema fiscal argentino no tiene su origen en una baja presión tributaria, la cual alcanzó 23.5% en el 2017. Sumando las contribuciones de la Seguridad Social y otros ingresos no tributarios, los ingresos públicos ascendieron a 34.8% del PIB en el 2017. El problema se origina en el excesivo gasto público, incluido uno de los niveles de dispendio por exceso de personal más exagerados de la región. La nómina pública alcanzó 12.6% del PIB en el 2017, superior en 2.6% del PIB al promedio que registran las demás economías emergentes. Las pensiones federales agregan 9.7%. Los subsidios y transferencias al sector privado consumen otro 6.2% del PIB. En total, si añadimos compras de bienes y servicios, gasto de capital, intereses y otros, el gasto público alcanza 41.7% del PIB.
Macri y otros presidentes argentinos bien intencionados, no han podido desmontar las conquistas de derechos que el padre de los descamisados, Juan Domingo Perón, introdujo en el gen de muchos argentinos y que explica, en parte, el porqué el país que en 1895-6 exhibió el mayor ingreso per-cápita mundo, el año pasado ocupaba la posición 66. Mientras no se achique el Estado, Argentina seguirá bailando sus tangos de esperanzas de estabilidad y crecimiento seguidas de desilusiones de devaluación y estancamiento. Las finanzas públicas de Argentina requieren de una cirugía mayor, no la plástica que trasluce del comunicado del FMI.
