Ha sido una vieja y reiterada crítica que los funcionarios de diferentes gobiernos y partidos se limiten a hacer denuncias sobre anomalías supuestas o reales, cuando lo que les corresponde es impulsar acciones o procedimientos en las instancias llamadas a combatir y establecer las sanciones de lugar.
En esa práctica, muy cómoda en términos mediáticos, se montó el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Dijo que en el país hay una “industria de la extorsión” en la que estarían incluidos periodistas. ¿Y no es la extorsión un ilícito penal? Lo responsable sería que Pimentel presentara pruebas y someta a la justicia a esos extorsionadores.