En República Dominicana el gobierno es el mayor empleador y dinamizador económico. Desde siempre nuestros políticos se agencian los entes públicos para garantizar su empleo y el de su militancia. La política está afianzada como principal medio de movilidad social. No marcha bien ninguna sociedad con mucha gente adquiriendo riqueza y poder, no en función de méritos propios, sino de vínculos político-partidarios. Aunque hasta ahora ese orden-desorden ha sustentado la gobernabilidad, llega el tiempo de preguntarnos hasta cuándo será sostenible. Aflora una juventud crítica de la partidocracia que dispone de oportunidades que corresponden a todos los dominicanos y conculca el derecho a una competencia social en equidad.

Para que engañarse con que los políticos cedan instituciones políticas a figuras no partidistas, si antes que democracia somos partidocracia. La partidocracia, no la meritocracia, determina quién sirve en el Estado, como apuntó una vez el expresidente Leonel Fernández hablando en un acto en la PUCMM. Esa realidad está por encima de aspiraciones de la sociedad civil, teorías o leyes. La institucionalidad es una ilusión. Así, no debe extrañar que la partidocracia moldeara la elección del Defensor del Pueblo. Qué otra cosa podía suceder, nadie se aplica harakiri, menos los partidos políticos. Mirando el lado “bueno”, los repartos que hacen entre ellos de las posiciones públicas, han sostenido la gobernabilidad. Hasta ahora.