Resulta que décadas de dejadez e incompetencia para combatir el robo de la electricidad se tratarán de resolver con una gracia a los que regularicen el servicio; les serán además exonerados la fianza y primer mes de facturación. Esto es una admisión de la incapacidad de las autoridades del sector eléctrico y también de la justicia para someter al orden y aplicar sanciones a quienes cometen el delito de conectarse ilegalmente a las redes de distribución energética, amén de otra muestra de paternalismo estatal. ¿Qué garantiza que luego de la gracia no vuelvan a producirse las conexiones irregulares? Y ante esas eventuales situaciones, ¿cuál sería entonces el método a utilizar?

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