Todos los imputados de defraudación al Estado en los numerosos casos de corrupción pública que el Ministerio Público persigue desde hace tres años y suele designar con nombres de animales, son inocentes hasta que un juez establezca lo contrario. Entretanto, esos procesos contribuyen a que los ciudadanos desconfíen y vean la administración pública como una cuna de ladrones. Por eso hay optimismo y regocijo cuando la experiencia muestra que tenemos empleados gubernamentales pundonorosos, ejemplares, como una funcionaria de la administración de Impuestos Internos de la Zona Oriental. Su honestidad, ética, competencia y eficacia detuvo una acción fraudulenta que me involucraba. Justo reconocerla, con nombre y apellido: Cándida Romero.