En materia de efectiva institucionalidad legislativa en el país tenemos conocidos rezagos; hay fallas inexcusables que debemos erradicar. No basta con motivar y crear nuevas leyes, ni proclamarlas como grandes logros si su aplicación se queda engavetada. Para esto no hay excusa ni explicación atendible. Esto es lo que penosamente ha pasado hasta ahora con la Ley de Atención, Inclusión y Protección del Espectro Autista. A casi un año de su aprobación continúa sin ejecución en beneficio de una comunidad cada vez más amplia que necesita asistencia por su estado de vulnerabilidad. Hay que ayudar a los autistas y aliviar la carga económica que asumen sus familias.

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