Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE) hizo un planteamiento que merece atención, dijo: “vendedores, comerciantes, empresarios, sindicatos, pescadores, yoleros, propietarios de embarcaciones de lujo y todos, deben comprometerse a cuidar el litoral, porque Punta Cana y todo nuestro país, vive del uso racional de sus playas y otros recursos naturales”.
También consideró que todas las instancias sociales y las autoridades de las zonas turísticas, deben imitar la actitud responsable del Ministerio de Medio Ambiente y su titular Orlando Jorge Mera, y asumir una actitud firme en el cumplimiento de la ley (la 305 de 1968); que establece como área protegida una franja de 60 metros, en las playas, en la que solo se pueden hacer las construcciones, si las autoriza el Poder Ejecutivo por decreto, para fines turísticos y de utilidad pública.
Las observaciones de Veloz están motivadas por las iniciativas de Medio Ambiente en Punta Cana para rescatar dos importantes áreas de playa ocupadas ilegalmente con construcciones no autorizadas, por comerciantes que obtienen cuantiosos beneficios, pero se presentan como pobres “padres de familia”, a quienes se les niega el derecho de producir.
Medio Ambiente primero liberó y rescató la playa conocida como “Los Guineos”. Los comerciantes se habían apropiado de ella alegando que la franja de los 60 metros es pública. Montaron un desordenado y sucio mercado que dificultaba pasar por el lugar porque no quedó espacio entre sus horribles casetas y las olas del mar.
La expropiación de la playa, organizada por una asociación de comerciantes con una limitada cantidad de personas, principal atractivo para el turismo en Punta Cana, impidió durante muchos años la incorporación del lugar al desarrollo turístico con un hotel con un mínimo de 1,000 empleos, que crearía una importante demanda de bienes y servicios a la economía. Ese desordenado arrabal, al estilo de la Duarte con París, ahora es una hermosa playa rescatada para el turismo.
Esta semana, Medioambiente repitió la historia. Eliminó en Cabeza de Toro una “plaza” (sí, entre comillas) construida hace más de 20 años por un abogado amigo y pariente ya fallecido; que alquilaba sus 16 locales comerciales. Luego vendió la propiedad con el compromiso contractual de desocupar la “plaza”. No lo hizo.
Este es un caso más grave, porque además de ocupar la franja protegida de los 60 metros, la parte trasera colindaba con un humedal, importante ecosistema protegido por nuestras leyes, convertido en el desaguadero de la destartalada edificación, desprovista de instalaciones sanitarias y al que nadie daba mantenimiento. Sus ocupantes ilegales no eran propietarios, ni tenían contratos de alquiler. No les interesaba. Tampoco sus propietarios, porque su objetivo era recuperar la descuidada edificación y destruirla.
Esta “plaza” y otras 2 construcciones ilegales no autorizadas en los 60 metros, durante más de una década, han obstaculizado el desarrollo de un proyecto turístico en el que planifica atraer cadenas hoteleras de renombre (ya algunas están interesadas) para construir 10 hoteles y 8 mil habitaciones; campo de golf, marina, club de playa, centro de actividades con miles de parqueos, una ciudad turística con comercios y apartamentos residenciales y una pequeña ciudad-zona industrial con apartamentos para empleados. Se crearán en un plazo de 3 a 8 años 15 mil empleos, una gran demanda de bienes y servicios y nuevos atractivos turísticos.
Medio Ambiente hace bien. Rescata las playas para turismo, el principal negocio del país.
