La semana pasada la sociedad dominicana fue conmovida por el hecho sangriento donde perdieron la vida una joven pareja de esposos, que por su condición de pastores evangélicos solo portaban la Biblia como arma de reglamento.
Esta manifestación de barbarie perpetrada nueva vez por miembros de la Policía Nacional contra ciudadanos indefensos, ha abochornado nuestra sociedad que mira impotente la incapacidad de sus gobiernos para transformar esa institución y convertirla, como debería ser, en el eje central de la provisión de un bien público como la seguridad ciudadana que es fundamental en la relación entre gobierno y gobernados, por ser uno de los primeros eslabones para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos fundamentales.
Fui testigo de excepción de los esfuerzos y los logros alcanzados por sucesivos directores de la Policía para convertir esa institución en una entidad moderna al servicio de la población, cuyo comportamiento llenara de orgullo a los ciudadanos. Pero es evidente que a pesar de los logros alcanzados estos no son suficientes, lo que hace impostergable impulsar una reforma que aborde los temas pendientes que dan lugar a comportamientos tan repudiables como el que desafortunadamente costó la vida a la joven pareja. En respuesta a la situación de desasosiego e indignación social, el gobierno ha prometido impulsar una reforma policial integral. A continuación, aportamos algunas reflexiones sobre un aspecto que debería ser tomado en consideración en la reforma de esa entidad.
Las reformas administrativas de las entidades públicas constituyen un proceso de naturaleza endógena que afecta fundamentalmente a la entidad objeto de la reforma y que procura hacer su gestión más efectiva. En el país, normalmente se han centrado en la búsqueda de una mayor efectividad mediante la incorporación y/o promoción de personal profesionalmente más calificado, un nuevo diseño organizacional y funcional; también a través de nuevas tecnologías y nuevos protocolos de comportamiento, dejando en un segundo plano desarrollar y alinear las habilidades de los recursos humanos con la responsabilidad misional institucional de proveer a los ciudadanos los servicios bajo su responsabilidad, con elevado sentido de excelencia.
Un aspecto central para alcanzar este último objetivo es la modificación de cultura institucional de la entidad objeto de la reforma, definida ésta como el conjunto de principios, valores, hábitos, prácticas, aspiraciones y visión, que modelan el comportamiento del personal de la entidad de cara al cumplimiento de su misión. Estos aspectos condicionan el logro de los objetivos de las políticas públicas diseñadas por las instituciones, neutralizando frecuentemente o mediatizando su cumplimiento, sin importar los paradigmas ni el rigor técnico con el que fueron diseñadas.
Modificar la cultura institucional tiene por finalidad hacer que el personal desarrolle e interiorice aquellas aptitudes que se requieren para que a través de su desempeño, se transforme la entidad en un ente de máxima satisfacción para los usuarios de sus servicios. En el caso de nuestra institución responsable del orden público, su primer mandato es y debe ser preservar la vida e integridad de los ciudadanos, por lo que cualquier atentado contra el cumplimiento de ese mandato denota que quien lo comete no está dotado de las habilidades para cumplir con su responsabilidad, la frecuencia en la repetición de estos hechos hace evidente que existe una cultura que no se corresponden con la misión institucional.
El cambio de cultura institucional encierra grandes desafíos en cualquier ámbito, pero más en el ámbito público. Es un proceso lento que requiere de mucha persistencia y compresión del proceso por parte de los responsables de su aplicación. Avanzar en este aspecto exige de un fuerte apoyo político y elevado liderazgo de sus incumbentes.
