La democracia no puede limitarse a elegir representantes. La institucionalidad pública requiere más participación activa y protagónica de los ciudadanos, principales interesados en que la ciudad y la ruralidad funcionen lo más perfectamente posible.
No basta con demandar cumplimiento de leyes a funcionarios públicos y a sus técnicos. Algunas tragedias mundiales de las últimas décadas, agravadas cada año, nos alertan sobre la urgencia de cambios sustanciales en lo público.
Las más recientes inundaciones en Argentina 2025, o de Valencia 2024. Incendios forestales anuales en California, Chile, Brasil o Argentina. Ecuador también los tuvo en 2024, tras una larga sequía. Entre 2000 y 2018 se anegaron en Europa cerca de 2,23 millones de kms2, equivalentes a la superficie de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido e Iberia. Afectaron entre 255 y 290 millones de personas. En el Caribe, sequías, incendios, huracanes e inundaciones anualmente afectan millones de personas.
Situaciones de origen antrópico directo como los derrumbes de edificios, accidentes de trenes en importantes ciudades del mundo, New York, 2013, 2015, 2017. Buenos Aires 2011-2013, España trianual, 2003, 2006, 2010+. Chile: Accidente minero 2010. Miami: derrumbe del Champlain Towers, 2021.
Explosión en Beirut, 2020. Submarinos perdidos, aviones estrellados. Sin mencionar la tecnología obsoleta y depredadora de ecosistemas, como la presa de cola de la Barrick, todas muestras de cómo se arriesga la vida en el planeta.
Investigaciones posteriores a hechos trágicos demuestran errores humanos, falta de mantenimiento o uso de piezas inadecuadas, técnicos que encubren errores graves con sobornos, incumplimiento de procedimientos, y más. Ineficiencia y corrupción en la gestión pública.
¿Qué aprendemos de estas tragedias? La inteligencia y el instinto de supervivencia humana, no pueden abandonarse ciegamente a la gestión pública. A los civiles nos interpelan a vigilar agudamente el cumplimiento de la calidad de todo lo que usamos y del cuidado de los ecosistemas.
