Están circulando en varios medios de comunicación una serie de mensajes de la Junta Central Electoral, donde le piden a los ciudadanos no vender su voto y “denunciar a quienes cometan este delito”: quien compra y quien vende. Que estos mensajes salgan del organismo responsable de garantizar “la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, es grave; es un reconocimiento de que esa es una práctica común en cada proceso electoral y que tenemos delincuentes accionando en el certamen.
Nuestra Constitución establece que “el voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. ¿Y entonces? ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos en nuestros candidatos?, ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Junta para garantizar que las elecciones sean diáfanas? Parece que no puede. Tiene que apelar a la buena voluntad de quienes tienen esta práctica, para que desistan de hacerlo. Una campaña de sensibilización que estoy segura no cambiará nada. Es un tema ético, de valores, de actitudes. Los comportamientos de este tipo se formar mediante un proceso largo; para cambiarlos hace falta también algo más que mensajes mediáticos. Sobre todo, en adultos que ya están dañados y acostumbrado a ese accionar. Dinero público perdido.
Todos los ciudadanos deberíamos tener claro, y por supuesto los candidatos, que el derecho de elegir y ser elegido es vital para el sostenimiento del sistema democrático. Que nuestro voto es parte importante de nuestra participación en la construcción de un mejor país; por lo que debemos defender por todos los medios la pulcritud de este certamen. Negociar con algo tan serio es faltar a lo más sagrado de nuestra esencia: la conciencia moral.
Dios nos acompañe.
