Algunos le han tomado cariño. En apenas 12 meses, de octubre de 2017 a octubre de 2018, mejoramos 22 escalones en el ranking global. ¡Sopla! En otras palabras, si durante los próximos 4 años mantenemos ese ritmo de mejora, en el 2022 seremos los primeros del mundo. Quienes hoy le tienen cariño, hace poco lo odiaban. En sólo 12 meses, de 2016 al 2017, bajamos 12 escalones, dando la impresión de que la carrera en la que participamos sigue la trayectoria de The Incredible Hulk, la montaña rusa de Islands of Adventure-Universal, en Orlando, Florida.
Nos referimos al Índice de Competitividad Global (IGC) que elabora anualmente el Foro Económico Mundial (FEM) y que ha comenzado a generar tantas expectativas, en octubre de cada año, como el anuncio de los premios Nobel que hace la Real Academia Sueca de Ciencias ese mismo mes. Como señalamos al principio, algunos en el Gobierno dominicano no pudieron contenerse. Revelaron su enorme satisfacción la semana pasada con la entrega del IGC correspondiente al 2018 y en el que República Dominicana subió desde la muy rezagada posición 104 que ocupaba en el 2017 a la 82 en el 2018. ¡Subimos 22 escalones en apenas un año! ¡Increíble!
La oposición, por su parte, se limitó a buscar qué decía el índice sobre su tema preferido: la incidencia de la corrupción.
¿Resultado? Posición 113, no muy distante de las posiciones 116 y 135 que nos fueron asignadas en el 2017 a pagos irregulares y soborno, y desviación de fondos públicos, las dos variables claves de la geografía de la corrupción. Gobierno y oposición, todos complacidos. ¿Obra maestra de Xavier Sala-i-Martin, el profesor de desarrollo económico y macroeconomía de la Universidad de Columbia, y Asesor Económico Especial del Programa de Competitividad Global del FEM? No. El fruto de las fuentes, respuestas y rumores que alimentan la metodología utilizada, la cual, dicho sea de paso, fue modificada en el Reporte del 2018.
Mi opinión sobre el IGC no ha variado ni va a variar. No me parece adecuado medir el nivel de competitividad de una economía a partir de ponderaciones de una serie de variables que, en buena parte, como es el caso de la República Dominicana, se derivan de las respuestas que se solicitan, vía cuestionarios de 148 preguntas en 15 secciones, a 83 ejecutivos de empresas cuya compenetración, calificación y dominio sobre los temas abordados son totalmente desconocidos. Hace un año, en un artículo titulado “La Denuncia de los 83”, señalamos el absurdo de que los 54 empresarios que aceptaron responder el cuestionario, mientras colocaron al país en la posición 135 en el ranking de desviación de recursos públicos, al mismo tiempo se autocalificaron como empresarios no éticos, pues sus respuestas posicionaron al país en la posición 132 en el ranking del comportamiento ético de las empresas. En otras palabras, políticos y empresarios en la República Dominicana, eran igualmente corruptos y antiéticos.
¿Realmente la República Dominicana mejoró 22 escalones en el IGC entre 2017 y 2018? Claro que no. Lo que sucede es que, en el 2017, el FEM nos colocó en la posición 104. ¿Alguien con sentido común y que tenga acceso a indicadores macroeconómicos y de competitividad, habría colocado a República Dominicana en el 2017 por debajo de Jamaica, Albania, Tayikistán, Argelia, Guatemala, Moldavia, Nepal, Namibia, Kenia, Argentina, Nicaragua, Camboya, Túnez, Honduras, Ecuador, Egipto, Laos, Bangladesh, Mongolia, Bosnia y Herzegovina? ¡Por favor!
Cualquiera que haya analizado los Staff Reports anuales del FMI y las informaciones que utilizan Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch para asignar calificaciones de riesgo, concluiría que colocar a República Dominicana en el 2017 por debajo de todos esos países y en la posición 104, es una tomadura de pelo. Si éramos menos competitivos que Ecuador, Jamaica, Guatemala y Honduras en el 2017, ¿cómo se explica entonces que los inversionistas extranjeros invirtieron 5.9, 4.0, 3.1 y 3.0 veces más en la “menos competitiva” República Dominicana? ¿Acaso resultaba creíble que en el 2017 el FEM colocase a Jamaica en la posición 70 y a nosotros 34 escalones más abajo? ¿Jamaica? ¡No jodás! ¿O a Costa Rica en la posición 47 y a República Dominicana en la 104, es decir, 57 escalones debajo? ¿Por qué entonces mientras Costa Rica recibió ingresos de inversión extranjera directa por US$3,007 millones en 2017, República Dominicana recibió US$3,570 millones, un 20% más que la “mucho más competitiva” Costa Rica? ¿Están locos los inversionistas extranjeros?
Lo que ha sucedido con la publicación del 2018, desde mi punto de vista, es una simple corrección del disparate publicado en el 2017. El Gobierno dominicano no debería, por tanto, darle mucha importancia a este índice calculado por el FEM a partir de informaciones a la ligera que suministran, a través de cuestionarios, empresarios dominicanos o ejecutivos de empresas a los que los primeros asignan la responsabilidad de responderlos.
La misma oposición debe tener cuidado cuando trata de pescar uno o dos indicadores que entiende pueden enriquecer el caldo de las críticas que utilizan para tratar de erosionar la favorabilidad del Gobierno, del Presidente, y del partido en el poder. Eso ocurre con la incidencia de corrupción. Lo primero que debemos señalar es que ese índice el FEM lo calcula a partir del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, para el cual la Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOE) del FEM es una fuente. En el 2017, la EOE enviada por el INTEC a 83 empresarios en posición de liderazgo en cada una de sus empresas, fue respondida, como señalamos anteriormente, por 54 empresarios. En el 2018, por 59. Anoten: la opinión de esos 59 empresarios determina la incidencia de la corrupción en la República Dominicana. Son ellos quienes consideran que merecemos estar en la posición 116.
Uno de los resultados más extraños del Reporte del FEM del 2018 es que no parece existir ninguna relación entre la incidencia de la corrupción y el índice de transparencia presupuestaria que el FEM registra en el reporte, tomado del Open Budget Data del Banco Mundial. Colombia, por ejemplo, con uno de los mejores índices de transparencia presupuestaria de la región (posición 4 entre 140 países), aparece en la posición 80 en el ranking de incidencia de corrupción. En cambio, Panamá, con posicionado en el lugar 116 en el índice de transparencia presupuestaria, el peor de la región, aparece posicionado también en el escalón 80 del índice de incidencia de la corrupción. En otras palabras, la transparencia presupuestaria, según el Reporte del FEM, no sirve para nada.
Por otra parte, el índice de Open Budget del Banco Mundial utilizado por el FEM, genera resultados contradictorios con el Índice de Open Budget de la Asociación Internacional Presupuestaria (IBP) que financian la AID de Gran Bretaña y la Fundación Ford, entre otros. Así, mientras República Dominicana aparece en la posición 10 entre 19 países de América Latina analizados por el Open Budget Data del Banco Mundial, se coloca en la posición 4 entre 16 países analizados en el índice de Open Budget elaborado por la IBP.
Uno tendería a pensar que mientras más transparente sean las cuentas presupuestarias del Gobierno en un país, menos margen existe para la corrupción. El Reporte del FEM, sin embargo, no valida esa percepción. Así, mientras la República Dominicana en el 2008 tenía un bajísimo Índice de Open Budget, estimado por la IBP en apenas 4 puntos, el índice de percepción de corrupción registrado por el FEM para ese año era de 30. En el 2017, a pesar de haber elevado nuestro Índice de Open Budget a 66, el cuarto mejor de la región, el índice de percepción de corrupción fue de 29, prácticamente similar al del 2008 (30). Más transparencia, pero igual corrupción. Perdónenme, no entiendo un carajo!
Recomendación. El Gobierno no debe perder tiempo con el Reporte Global de Competitividad que elabora el FEM.
Concentrémonos en fortalecer el programa de consolidación fiscal y preparémonos para ejecutar una seria y real reforma fiscal que genere 3 puntos porcentuales del PIB en ingresos fiscales adicionales. Cuando eso ocurra, las calificadoras de riesgo de inversión, que son las que valoran y toman en cuenta los inversionistas extranjeros, mejorarán nuestra calificación. Con más inversión extranjera y más inversión en infraestructura física, seguiremos mejorando nuestra competitividad. Perder el tiempo con las tonterías que 50 ó 60 empresarios, muchos de ellos probablemente evasores permanente de impuestos, contesten a 148 preguntas del FEM, es anticompetitivo.
