El Congreso es centro de duras críticas debido a la falta de diligencia o al menos intención manifiesta de la mayoría de los legisladores para eliminar los fondos de asistencia social, que no están amparados por norma alguna, conocidos como “barrilito” en el Senado y “cofrecito” en la Cámara de Diputados y que se le suman a todo el dinero que se gasta en regalos y en acciones que no forman parte del ámbito de competencia de la labor legislativa.
De manera puntual se han cuestionado los repartos del programa social de la institución, y aunque legisladores anteriores (y reelectos) han defendido la transparencia en el uso, parecen no entender que la clave de las quejas no está en el manejo dado al asunto, sino que, por más claro que se haga todo, no hay estatuto legal alguno que contemple la posibilidad de que las cámaras se dediquen a esto, pues los diputados y senadores fueron electos como representantes de la población para funciones elementales: legislar, representar y fiscalizar.
Es una realidad insoslayable que la práctica asistencialista ha sido costumbre en el Congreso desde hace décadas y, por consiguiente, aunque es bien sabido que esto no es parte de las atribuciones de los legisladores, su erradicación repentina produciría un gran malestar en la población que se beneficia de esos malos hábitos. Sin embargo, si bien es comprensible que la eliminación absoluta y de golpe no es recomendable, no se puede apoyar y aplaudir que se perpetúe con la misma dimensión.
La defensa que han hecho algunos ha sido absurda e innecesaria, pues en lugar de basarla en las necesidades de muchos de los receptores de las dádivas otorgadas, se han dedicado a justificar lo mal hecho con presuntamente mayores males. Es decir, “no es que yo lo hago bien, es que otros lo hacen peor”, argumento infantil y poco digno que no evidencia en modo alguno intención de ir superando un asistencialismo que no le corresponde al Congreso y que distrae a los legisladores de sus verdaderas responsabilidades.
La campaña mediática actual por este tema quizás ha sido excesiva, toda vez que es recurrente en el país y que sus raíces están basadas en una realidad social que no se puede ignorar, pero el objetivo no debe ser defender algo que desde el punto de vista legal no es defendible, sino su reducción gradual con miras a eliminarlo.
