He promovido el desarrollo del turismo como solución a la pobreza de la provincia Pedernales y su entorno. Pobreza que no pudieron curar décadas de explotación de la bauxita, ni el fracasado proyecto de producción de cemento. Hago causa común con mi amigo y colega Tony Pérez, hijo orgulloso de Pedernales, y reproduzco un resumen de su último artículo, que lleva el mismo título que este.
A continuación lo escrito por Tony, que corre el telón para que todos veamos con claridad la escena:
“El destacado jurista Jottin Cury hijo acaba de lanzar dardos al Fideicomiso Pro Pedernales, creado en diciembre de 2020 mediante el decreto 724 del presidente Luis Abinader. Cree que se trata de una trampa para enajenar zonas protegidas de la provincia. Y, según su perspectiva, es inaplicable porque contradice la Constitución y disposiciones de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Recursos Naturales 202-04. Lo plantea en su artículo “Nadie está por encima de la ley: el caso Pedernales”, publicado el 2 de febrero de 2021, en El Nuevo Diario.
“La pieza en cuestión, publicada justo ahora, más que un ejercicio académico para alertar al Gobierno y defender a Pedernales, implícitamente representa una apuesta a frenar los proyectos en carpeta mediante la construcción de un estado de opinión dominante.
“Y eso es inaceptable. El pueblo de Pedernales debe salir al frente para evitar que ideas ruidosas como la mencionada, abundantes en el patio de los intereses económicos, cobren fuerza en el concierto de la opinión pública. Son muchos años de empobrecimiento continuo y sobresaltos. Y siempre un cuento nuevo.
“El presidente Abinader, los ministros de Medio Ambiente y Turismo, Orlando Jorge Mera y David Collado, y el director nacional de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, han reiterado que los parques Jaragua y Sierra Baoruco no serán tocados.
“Cury suscribía una solución negociada con quienes se apropiaron ilícitamente a inicios de los años noventa de 362 millones de metros cuadrados de tierras con vocación turística como si fuesen agrícolas (parcela 215-A, Distrito Catastral 3, Enriquillo, Barahona).
“Ha escrito: “… La zona de Pedernales se hubiese desarrollado hace muchos años si las autoridades, acogiéndose a lo prescrito en el artículo 9 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y amparándose en la teoría del dominio eminente del Estado, hubiesen llegado a un acuerdo amigable con los propietarios de terrenos en la zona…
“…Si bien es verdad que determinados títulos fueron obtenidos en condiciones dudosas, no es menos cierto que otros fueron adquiridos legítimamente, pero se optó por el uso de la fuerza y otros mecanismos espurios para imponer una solución que todavía sigue generando cuestionamientos y conflictos. Para él, hay adquirientes de buena fe que deberían ser reconocidos.
“Esa, no otra, es la matriz que subyace en su análisis jurídico bajo el ropaje de alerta sobre aspectos ilegales y su enunciado de solidaridad con la provincia ubicada en el extremo sudoeste de la frontera con Haití. Lo único que “la buena fe”, defendida por él, carece de credibilidad en la sociedad.
“En un país isleño, de 48 mil kilómetros cuadrados, todo el mundo se conoce. Los demonios se han soltado ahora porque el Gobierno recuperó en 2018 el título definitivo de su propiedad, tras 53 sentencias que rechazaron recursos de casación interpuestos por particulares. Y porque se ha echado a andar el Fideicomiso Pro Pedernales”.
