Acaba de dar inicio el nuevo año escolar 2023-2024 para la educación preuniversitaria. En esta ocasión, desde el gobierno hicieron la apertura con el concepto de “cambiemos el país desde las aulas”.
Como idea, es positivo pensar que en los planteles se encuentra el germen de cualquier cambio social y cultural. Justamente por esta visión de transformar desde el entorno escolar, conviene preguntarse ¿de qué tipo de cambio estamos hablando?
Lo digo, porque si bien es cierto que las transformaciones son necesarias, también lo es que se precisa conocer en profundidad lo que se quiere cambiar, lo que se necesita modificar y por qué hay que hacerlo.
Esta leve triada permite construir modelos de desarrollo participativos, igualitarios y de alcance sostenido en el tiempo. Y en ese sentido, uno de los cambios que deben iniciar en las aulas es la capacidad de acceso a las mismas por parte del cuerpo estudiantil. Y antes de abordar la cuestión estadística, citaré un ejemplo que ilustra lo que trato de decir.
Hace unos días, José me contó que una antigua compañera de docencia le llamó preocupada por un estudiante. El niño se encuentra en primer ciclo de educación secundaria, lo que antes era séptimo grado, y tiene discapacidad físicomotora.
La maestra le preguntaba dónde puede conseguir una silla de ruedas eléctrica, porque la capacidad de desplazamiento del adolescente es muy reducida. A la vez, necesitaba saber qué tipo de ajustes tendría que hacer el centro educativo para que el niño pueda estudiar con mayor autonomía.
La respuesta en relación a la silla fue que hay que averiguar qué institución podría donársela, porque para una familia de escasos recursos, acceder a esta herramienta es un obstáculo insalvable. Por un lado, está la falta de información oportuna, por el otro, el costo excesivo de una silla, lo que acaba traduciéndose en aislamiento para la persona con discapacidad.
Este es un caso de otros tantos, en los que quienes viven con alguna condición de discapacidad reciben la educación de forma limitada. Y esto se evidencia en las estadísticas educativas. La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2021) señala que el 11.3 por ciento de la población tiene alguna discapacidad. Y de estos, el 23% no acude a la escuela.
Asimismo, solo el 57.2 por ciento de las personas con discapacidad de edades entre 5 y 27 años se inscribieron en el año escolar 2021-2022.
Es decir, para este colectivo, el cambio podría empezar por poder entrar a las aulas. La transformación pasará por contar con las herramientas adecuadas para un desempeño óptimo.
Basta con saber que, para que un estudiante de primer y segundo ciclo de básica acceda a una línea braille, instrumento útil para gestionar dispositivos electrónicos y lectoescritura braille, su familia tendría que disponer de entre 40,000 y 130,000 pesos. Y todavía no hemos entrado en los retos de movilidad hacia los centros educativos.
Dicho de otra manera, celebro que el inicio del año escolar sea bajo el concepto de que hay que cambiar nuestro país desde las aulas. Aunque me pregunto si será posible que quienes viven con discapacidad accedan de forma digna a esas aulas para formar parte del cambio.