Mediante el decreto No. 453-18 el Presidente Danilo Medina declaró el 2019 como el año de la Innovación y la Competitividad en República Dominicana. En estos temas la situación actual en nuestro país es en términos generales buena y se han producido importantes mejorías de acuerdo a numerosos indicadores de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, pero aún podemos mejorar.
República Dominicana tiene un impresionante potencial para la expansión de sus sectores productivos y para atraer inversión extranjera y local de importancia, pero existen barreras y trabas burocráticas que impiden el aprovechamiento al máximo de dicho potencial y por ello no estamos lo suficientemente cerca de alcanzar las metas más importantes de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Largos plazos de espera (como en la obtención de certificados de marcas y patentes, a diferencia del nombre comercial que es bastante rápido), exceso de pasos en procesos de gestión de permisos y licencias, falta de inversión en investigaciones conducentes a innovación, ocasional negligencia e incapacidad del capital humano, entre otras cosas, son algunos de los obstáculos que empresarios locales y extranjeros deben enfrentar, lo que evidentemente desincentiva la actitud emprendedora.
Es por esto que resultaría de gran relevancia aprovechar este 2019 para que los distintos sectores puedan sentarse en una mesa de diálogo y lograr un consenso en un tema en el cual, paradójicamente, priorizar de manera combinada ciertos intereses particulares podría al final resultar en beneficio del interés colectivo.
En diversos escenarios líderes políticos y empresariales, representantes de grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y expertos interesados han planteado propuestas de políticas públicas que merecen ser analizadas. Iniciativas destinadas a eliminar las barreras señaladas, crear un clima adecuado para una libre competencia en condiciones de igualdad, propiciar la capacitación del material humano y estimular la creación de empleos.
Un trabajo técnico serio, fundamentado en un análisis situacional para llegar a las sugerencias más atinadas a fin de dar solución rápida y efectiva a los problemas, podría resultar incluso en nuevas piezas legislativas como, por ejemplo, una Ley de Respuesta Rápida que procure sanciones positivas para el silencio administrativo que caracteriza a algunas oficinas gubernamentales y así agilizar los procesos, la creación de un sistema de ventanilla única por institución para reducir los pasos que abultan innecesariamente muchos procedimientos, la elaboración de garantías de estabilidad para reforzar las reglas de juego y un gabinete de inversión para dar seguimiento al cumplimiento cabal de todo lo anterior.
