La semana pasada el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el comunicado de prensa que recoge las impresiones y recomendaciones del equipo técnico que visitó al país para la elaboración del informe correspondiente al artículo IV del Convenio Constitutivo de ese organismo, por el cual los países miembros se obligan, entre otras cosas, a orientar sus políticas económica y financiera hacia el objetivo de estimular el crecimiento económico ordenado, con razonable estabilidad de precios, a fomentar un sistema monetario que no genere perturbaciones y a aplicar políticas cambiarias dirigidas a fortalecer los objetivos precedentemente señalados, así como a evitar manejos desleales para lograr ventajas competitivas. Asimismo, se comprometen a proporcionar la información necesaria para que el FMI pueda llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de estas políticas.
Las declaraciones del equipo técnico, si bien tocan aspectos centrales de la economía dominicana, en general no aportan ningún elemento novedoso que no se haya examinado y discutido en medios de comunicación y en eventos profesionales donde usualmente se analizan estos temas. Posiblemente, su principal valor radica en que lo expresado lo manifiesta un tercero imparcial cuya reconocida incidencia en los actores económicos nacionales e internacionales, contribuye a generar credibilidad en las políticas macroeconómicas aplicadas, creando un entorno más favorable para el manejo, fundamentalmente, de las relaciones con inversionistas, firmas calificadoras de riesgo y acreedores internacionales.
Los antecedentes
En una valoración que no deja lugar a dudas sobre el buen manejo de la economía y la política social, que desmiente las afirmaciones de las autoridades actuales sobre el supuesto desorden financiero que encontraron a su ascenso al poder y que constituye un reconocimiento al legado de la gestión de gobierno del 2012-2020, cuyo partido posiblemente no ha sido capaz de reivindicar públicamente tal vez por encontrarse en un proceso de renovación de su estructura de dirección, la misión del FMI en la primera parte de sus declaraciones, reconocen los logros del país durante la última década y destaca el crecimiento robusto de la economía, la estabilidad macroeconómica, la solidez del sector externo y “una mejora notable de los indicadores sociales”.
Remata afirmando: “este desempeño se vio respaldado por mejora continua de los marcos macroeconómicos, el clima de inversión y la estabilidad financiera”. Conforme a la misión del FMI, fue esa fortaleza la que permitió una respuesta decisiva de la política económica frente a la pandemia, permitiendo el acceso firme del país a los mercados globales para financiar la emergencia.
El manejo de la crisis
A continuación, resaltan el manejo correcto de la respuesta de política económica a la pandemia, que en gran parte también fue diseñada por la pasada Administración, incluyendo las medidas fiscales para aumentar el gasto en salud y los programas sociales para apoyar a los hogares de menores ingresos y a los desempleados, medidas focalizadas de alivio tributario y diferimiento del pago de impuestos.
Concomitantemente, el Banco Central redujo su tasa de política monetaria, aumentó la liquidez y flexibilizó el marco prudencial para facilitar el acceso al crédito. Estas respuestas de políticas y la campaña de vacunación, la recuperación del turismo y la recuperación de la economía mundial, han colocado a la economía en una senda de recuperación que según la misión alcanzará el 5.5 % este año, mientras la inflación converge gradualmente al nivel definido en el rango meta.
Destacan que la priorización del gasto social y en salud, a través de la campaña de vacunación y la extensión de los programas sociales hasta principios de 2021, van en la dirección de lograr el equilibrio adecuado de objetivos de política económica. Un manejo balanceado entre el apoyo de la política monetaria y una estrategia de salida de la flexibilización regulatoria con una supervisión fuerte y transparente, también contribuirán a la recuperación.
Las reformas pendientes
En la última parte de la declaración, presentan en resumen el conjunto de reformas que consideran necesarias para dar mayor impulso a un crecimiento sostenido e inclusivo, que acelerarían la convergencia del país hacia los niveles de ingresos de países avanzados, como son: la recapitalización del Banco Central, una ley de responsabilidad fiscal, una reforma fiscal que contemple una ampliación de la base impositiva y racionalización de las exenciones con un balance redistributivo apropiado, lo que ayudaría a la consolidación fiscal en el mediano plazo.
Otros ámbitos de reformas serían las orientadas a mejorar la toma de decisión y gestión en el sector eléctrico, incluyendo las políticas de tarifas y subsidios y reducir las pérdidas del sector; fortalecer el marco regulatorio del sector financiero desarrollando aún más las herramientas macroprudenciales y de gestión de crisis; las reformas para apoyar la competitividad, incluyendo un pacto social para lograr un mercado laboral más flexible y formal, la mejora de la calidad educativa, la reducción de los costos logísticos y las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como las mejoras continuas al clima empresarial, incluida la eficacia de la Administración pública.
Como se puede apreciar, los componentes de este catálogo de reformas en general han sido parte de las discusiones recientes que se han llevado a cabo en diferentes foros y escenarios. La reforma fiscal, incluyendo la capitalización del Banco Central cuyas pérdidas se incrementarán en los años por venir como resultado de las medidas en curso para afrontar la pandemia y la reforma del sector eléctrico, son las dos reformas más urgentes que el país debe afrontar. Las otras reformas, sin menospreciar su importancia, deberán esperar ya que se requiere de un tiempo apropiado para que la economía pueda asimilar por su amplio impacto, las reformas en los dos ámbitos antes indicados.
Economía política de la reforma
Los planteamientos de la misión del FMI se inscriben en el ambiente de reformas urgentes auspiciado sobre todo por organismos internacionales, firmas calificadoras de riesgo, centros de pensamiento y economistas, que navega por la región desde México hasta Argentina.
Conforme a estos planteamientos, el papel del Estado en el manejo de la crisis, puso de manifiesto la necesidad de un Estado fuerte para apoyar a familias, trabajadores y empresas en situaciones contingentes como la pandemia, que unido al deterioro de las cuentas fiscales, la profundización de la inequidad social, las recomendaciones del FMI y la agresiva campaña de reforma fiscal que impulsa el gobierno de los Estados Unidos, han creado condiciones ideales para impulsar grandes reformas que cierre de manera significativa la brecha entre la tributación de los países de la región y los países OCDE.
Sin embargo, estos planteamientos que devienen en una especie de recetario económico no toman en consideración ni el posicionamiento de los gobiernos en término de apoyo a su gestión, ni el poder de negociación de actores sociales como partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos, grupos de presión, entre otros, cuya reacción puede abortar cualquier proceso de reforma. El caso reciente de Colombia ejemplifica sobre esta situación, por eso los políticos usualmente les temen a seguir estas recomendaciones.
En un entorno tan complejo como el descrito en el párrafo precedente, resulta muy difícil para un gobierno determinar el momento oportuno para socializar previamente y someter luego, una reforma fiscal al congreso, a pesar de las recomendaciones del FMI.
