Venimos discutiendo la necesidad de una reforma fiscal desde el año 2012. Siempre encontramos una razón para postergarla. Unas válidas otras de oportunidad, pero al fin y al cabo una razón.
Cada economista tiene su opinión, también los empresarios las tenemos. Algunos dirán que conviene a nuestros intereses, nosotros diremos que es porque miramos la economía como a nuestras empresas, donde no debemos endeudarnos más allá de los pertinente, que el gasto debe ser prudente, eficiente y que debemos distribuir beneficios cuando las necesidades de la empresa lo permitan.
En 2016 creímos en la oportunidad perfecta, le economía mundial estaba en pleno auge, el petróleo a niveles históricos bajos, las materias primas abundantes y competitivas, increíble, hasta los fletes parecían estar en sus menores precios.
De nuevo había otros intereses en el futuro cercano que tenían claro que toda reforma fiscal implica muchos conflictos de intereses que debilitan cualquier ambición que pudiera existir en miras a procesos eleccionarios próximos a la fecha a que hacemos referencia.
Nadie podía prever lo que se nos venia encima. Tres elecciones en apenas seis meses, una crisis mundial sanitaria y económica como nunca visualizada que ponía en riesgo lo que podía ser el rumbo electoral y el presente de miles de familias a nivel mundial.
La lucha electoral fue sin cuartel, como bien dijo uno de nuestros políticos, nunca en nuestra historia un proceso electoral había sido tan costoso, violando las normas de inversión que la propia Ley Electoral había establecido.
El país quería un cambio y lo logró con el nuevo gobierno, que nunca creería sería sometido a tanta presión fruto de su mismo eslogan de cambio. Una sociedad, especialmente la clase media, con un poder nunca visto en las decisiones del país, vigilante de las acciones del gobierno.
La promesa de una justicia imparcial se cumple y vemos como al más simple rumor el presidente Abinader no tarda en sustituir funcionarios sin importar el nivel de estos y en sus declaraciones es enfático en afirmar “que quien cometa actos de corrupción en su gobierno es un patológico corrupto o un suicida”.
En medio de este ambiente, en Colombia, fruto de una propuesta de reforma fiscal se levanta la sociedad movida no solo por su rechazo a más impuestos, también por todo un movimiento que dirige el llamado Foro de Sao Paulo, países de izquierda que desean con la dirección de Cuba y Venezuela llevar con el apoyo de las guerrillas y los grupos armados colombianos a desestabilizar el gobierno y tener en ese gran país otra base de izquierda.
Es a partir de este momento que toda reforma fiscal tiene un antes y un después de la de Colombia.
La pandemia ha infringido un duro golpe a la población. Los pobres son mas pobres y la clase media lucha contra la reducción de ingresos y los costos que una crisis internacional nos ha impuesto a todos restricciones severas.
Materias primas que duplican y triplican su valor, navieras que continúan haciéndose inmensamente ricas con su habitual cartel de precios que nadie parece tener capacidad de parar.
Hector Guiliani dice que en pandemia no se ponen nuevos impuestos, Magin Díaz habla de crecimiento o rebote de las economías.
Otros muy buenos economistas dicen que la clase media está cansada de pagar servicios ineficientes, el alto costo que significa un tránsito cada vez más caótico que parece haber desbordado a las autoridades municipales de todo el país en una complicidad o incapacidad que parece llevarnos a una selva imposible de controlar.
Una reforma fiscal en estos momentos obligaría a los que menos tienen a pagar más, podría crear mas problemas a sectores de la economía que aún no logran recuperarse del alto impacto de la crisis sanitaria y todo apunta que el último trimestre podría, gracias a la recuperación del turismo, mejorar las recaudaciones del gobierno mucho mas que una reforma fiscal.
En una economía con sectores informales cercanos al cincuenta por ciento del total de la fuerza laboral, mayores impuestos podrían debilitar los formales que de nuevo verían como los que no pagan impuestos tienden a crecer más que los que llevan todo el peso del aparato impositivo sobre sus finanzas.
Parecería que el único camino está en el de ir transparentado estos sectores cada vez más y de esa forma la carga empiece a ser equilibrada.
La mejoría de los servicios públicos, educación y salud, también tendrán un efecto positivo sobre la clase media que teme nuevas reformas los castiguen más.
Todos pensamos que una justicia independiente tiene un efecto positivo sobre la economía, ya que en la medida que la distracción de recursos públicos sea menor, se podrá invertir más en infraestructura, educación y salud. Todos sin importar cual sector, entenderemos que nuestros impuestos son mejor utilizados.
Una reforma fiscal en estos momentos es improcedente, discutir nuestro futuro como nación es lo que corresponde, apoyar aquellas iniciativas del Poder Ejecutivo que van de la mano con lo que muchos hemos deseado por años. Sabemos que habrá quienes se opondrán, pero serán muchos más los que apoyen los esfuerzos por transparentar la economía y hacer una justicia mejor.
Ahora no, más luego veremos cómo avanza el mundo, cómo crece Estados Unidos y más adelante, sin perjudicar a los que menos tienen, decidiremos cuál es el régimen tributario que más conviene a todos.
