En entrevista reciente he dado a conocer mi propuesta de que se contraten abogados penalistas como acusadores particulares en casos de delitos contra el patrimonio público.
La independencia del Ministerio Público reclamada por sectores de la sociedad, no sólo implica cambios constitucionales sino que merece un debate serio y sosegado en procura de la fórmula más apropiada que no desmedre el logro de la carrera del Ministerio Público.
En efecto, tal reforma debe incluir tanto el modelo adecuado de selección del Procurador General de la República como la redistribución de sus funciones asegurando que éste se dedique exclusivamente, al diseño de la política criminal y a la persecución penal, traspasando las demás a un Ministerio de Justicia creado al efecto.
Todo eso necesita de tiempo, mientras que las acciones de persecución por casos de corrupción resultan urgentes. De ahí, que sea necesaria una fórmula que robustezca la capacidad del Estado para lograr mayor eficiencia en la persecución de estos delitos y, sobre todo, en la recuperación de los bienes dilapidados.
La fórmula que se utilice para seleccionar el cuerpo de abogados que serían contratados debe asegurar, no sólo que sean los profesionales con las capacidades y habilidades requeridas, sino que se les proporcione la logística necesaria para que puedan llevar a cabo su trabajo de manera eficiente. No se trata, eso sí, de la creación de un órgano acusador paralelo que procure la imposición de una pena del delito, porque esa es una función que constitucionalmente compete al Ministerio Público y que, a mi juicio, debe seguir siendo así. Lo que se trata es del derecho del Estado como víctima a constituirse en querellante o en actor civil en procura del resarcimiento del daño que se la haya provocado.
Tras mi propuesta he recibido algunas inquietudes de personas calificadas cuyas opiniones hay que considerar de manera que pueda mejorarse.
Casos emblemáticos del pasado reciente revelan la utilidad de esta herramienta lo que invita a no desdeñar la fórmula propuesta. Ahí están como ejemplo los casos bancarios y lo ocurrido con el caso de los tres brazos.
Se trata entonces de sumar y no de restar al esfuerzo de persecución y de asegurar el debido rescate de los fondos dilapidados. Todos estamos en el mismo canal y la sociedad reclama, legítimamente, resultados.
