Si bien la falta de recursos era un grave problema de nuestro sistema educativo público, este no era el único, sino también su baja calidad, motivada en parte por la deficiencia de sus maestros y la politiquería del gremio que los representa, la ADP.
El presidente decidió atender el reclamo de la sociedad civil de que se destinaran los recursos que mandaba la Ley No.66-97 General de Educación, lo que se hizo realidad en el primer presupuesto sometido por este correspondiente al año 2013, pero sin real voluntad de erradicar los vicios que afectaban el sistema; razón por la cual el Pacto para la Reforma Educativa suscrito en abril de 2014, prácticamente no tocó ninguno de los problemas relacionados con la ADP.
La ADP al igual que otros gremios profesionales no solo ha estado controlada por partidos políticos, actualmente por el partido oficial, sino que entiende que su rol es defender a ultranza sus directivos y afiliados, y no los mejores intereses del estudiantado y de la educación. Peor aún, ha sido utilizada como plataforma de ascenso político por sus dirigentes, algunos de los cuales han pasado a ser funcionarios públicos y miembros de órganos directivos de partidos generándose un conflicto de interés entre su activismo político y su función magisterial.
Era evidente que dotar de mayores recursos a un sistema que adolecía de tales vicios sin un plan firme de erradicarlos, era alimentar las causas de los males y era totalmente previsible que si la ADP se había atrincherado siempre para impedir transformaciones que pusieran en riesgo sus miembros y sus prácticas, lo haría con mayor ahínco en la medida que hubiera mayores ingresos y por lo tanto más que perder.
El actual Ministro de Educación ha decidido comenzar a poner orden y con ese objetivo y fundamentado en el artículo 139 de la Ley 66-97 decidió llamar a concursos para la selección de directores regionales y distritales mediante la ordenanza No.24-2017, lo que ha generado el rechazo de la ADP que ha alegado derechos adquiridos, violación a la ley y que los concursos generarían desasosiego en el reinicio del año escolar.
Sin embargo, quien ha llevado el desasosiego a las escuelas y a toda la sociedad es la ADP recurriendo nuevamente a su tradicional método de lucha y chantaje, suspender la docencia mediante huelgas.
Mientras la ADP se resiste a que los actuales directores sean sometidos a evaluación, porque aspira a que se queden de forma vitalicia en esos puestos tengan o no el perfil requerido, miles de profesores han atendido al llamado a concurso y están prestos a ser sometidos a pruebas para ocupar tales direcciones.
El momento actual es crucial para nuestro sistema educativo, pues si no corregimos los males existentes el 4% destinado a educación no solo no generará los cambios esperados, sino que resultará insuficiente en poco tiempo para sufragar los gastos. Por eso como propusiera EDUCA, esta crisis es una oportunidad para que el Ministerio deje sin efecto el acuerdo suscrito con la ADP el 15 de marzo de 2017, mediante el cual, cediendo a sus presiones, hizo cuestionables concesiones que impactan considerablemente el actual presupuesto y los futuros.
Es el momento de actuar con firmeza para transformar verdaderamente nuestra educación pública, pero para eso se necesita que la razón y no la politiquería motiven las decisiones. Actuemos ahora para que la inversión del 4% no tenga como triste final haber servido a darle más ingresos y más intención de aferrarse a sus puestos a quienes no solo son parte del problema de nuestro sistema educativo, sino obstáculos para su solución.
