El rechazo de la opinión pública a la construcción de un proyecto hotelero aparentemente dentro de los límites de un área protegida vuelve a poner en la palestra el enorme impacto que las actividades económicas tienen sobre los recursos naturales. La degradación ambiental y el cambio climático ocupan las posiciones más altas en la lista de preocupaciones y amenazas a nivel global. Recientemente se ha sumado a ella la desigualdad extrema por sus implicaciones negativa sobre la cohesión social y la gobernabilidad.
La degradación ambiental y la desigualdad extrema están frecuentemente vinculadas. Los impactos de la contaminación y de la destrucción del medioambiente tienden a sufrirlo de manera mucho más severa los más pobres, muchos de los beneficios del uso irracional de los recursos naturales suelen concentrarse en pocas manos y las poblaciones sin recursos ni capacidades, y sin alternativas, pueden adoptar prácticas que deterioran el medioambiente o que son contaminantes.
En la República Dominicana, un vistazo rápido a las actividades económicas y su impacto ambiental permite identificar algunas que como resultado de los residuos o emisiones que producen o por la forma en que utilizan los recursos naturales, tienen impactos severos sobre el medioambiente y los ecosistemas.
Generación de energía eléctrica y transporte
La generación de energía eléctrica y el transporte son dos de ellas. El elevado consumo de combustibles fósiles en ambas hace que éstas sean las principales actividades emisoras de dióxido de carbono (CO2) y otras sustancias que producen efecto invernadero. Desde 1990 hasta la actualidad, estas emisiones se han multiplicado por cuatro. El 60% de ellas provienen de la energía y el transporte.
En el caso de la energía eléctrica, aunque en los últimos años se ha incrementado la oferta de fuentes renovables, ésta sigue siguiendo reducida, y el futuro inmediato no parece claro. Por un lado, la producción de la nueva Central Termoeléctrica Punta Catalina no contribuye a transformar la matriz energética en la dirección deseada desde el punto de vista ambiental. Por otro lado, se ha anunciado la conversión a gas natural de un cierto número de plantas generadoras. Esto promete una reducción de la participación de los combustibles que más emisiones de CO2 producen. En cualquier caso, la producción de energía y el negocio asociado, antes que las emisiones, son el criterio central de esos cambios. Eso no es un buen augurio para el ambiente.
En el caso del sector transporte, no se perciben cambios relevantes en el uso de combustibles fósiles y los estímulos tributarios para lograrlo (altos impuestos a los hidrocarburos y exenciones para el uso de fuentes alternativas) parecen insuficientes. No obstante, hay que reconocer el enorme desafío que implica cambiar las fuentes de energía del parque vehicular tales como ampliar dramáticamente el número de abastecedores de energía para vehículos. Hay otros que escapan a la política pública como contar con una oferta de vehículos eléctricos o de otra índole más amplia y diversificada.
Además, una pieza clave para reducir las emisiones vehiculares de CO2 es desarrollar un eficiente sistema de transporte colectivo urbano. Esto es algo en lo que el país ha fracasado. Los nuevos sistemas como el metro de Santo Domingo o el teleférico no tienen el alcance necesario como para cambiar el estado de cosas, aunque su desarrollo y extensión puede formar parte de la solución tanto al tema del transporte y la movilidad vehicular, como al de las emisiones asociadas.
Agropecuaria
La agropecuaria, en especial la ganadería, también genera emisiones de CO2. Se estima que produce el 22% del total de emisiones del país. Pero, además, es bien conocido que la pequeña agricultura de “tumba y quema” y/o la agricultura de laderas contribuye a agotar los bosques y a erosionar los suelos. Con ello, se pierde capa vegetal, se acelera la sedimentación de las presas y se incrementan los riesgos de inundaciones. Más ampliamente, las prácticas agrícolas no sostenibles erosionan y agotan los suelos, y quienes más sufren sus consecuencias son los mismos productores pobres. A esto se suma los cultivos en áreas protegidas, parques nacionales o sus zonas de amortiguamiento, que pueden terminar reduciendo el tamaño de los bosques y comprometiendo la producción de agua.
El uso de agroquímicos, especialmente cuando no están adecuadamente regulados, es otra de las fuentes de daño ambiental de la agricultura porque contamina las fuentes de agua y los suelos.
En ninguna de estas áreas parecen existir políticas robustas que estén contribuyendo a un cambio de la situación. No parecen haber programas relevantes que fomenten la agricultura sostenible, la protección de los bosques es débil, y las políticas de desarrollo agropecuario se han venido debilitando en las últimas décadas.
Turismo
Los impactos ambientales del turismo se concentran, por supuesto, en las zonas costeras. Uno de ellos es la salinización de los acuíferos subterráneos. La extracción de agua del subsuelo para servir a los hoteles con frecuencia genera intrusión de agua salada, comprometiendo su uso. A esto se suma el efecto de las aguas servidas no tratadas. También algunos proyectos turísticos han realizado intervenciones en las costas para construir, modelar o extender playas y otros han construido infraestructura en la misma línea de costa. Esto puede generar erosión en zonas aledañas y ha afectado ecosistemas.
La destrucción de manglares para habilitar espacio de playa ha sido la expresión más grave de este tipo de actividad. Aunque no ha sido una práctica sistemática, tiene consecuencias severas sobre los ecosistemas de manglares y ha contribuido a incrementar la vulnerabilidad de las costas a tormentas y huracanes.
El uso de agroquímicos para mantener campos de golf genera otro potencial riesgo de contaminación. Muchos residuos terminan en los acuíferos como ríos y cañadas, y finalmente en el mar.
Por último, hay que mencionar la generación de residuos sólidos de establecimientos turísticos. En la medida en que las autoridades municipales depositan estos residuos (o permiten su depósito) en vertederos a cielo abierto y no gestionados, el resultado es contaminación. Esto se extiende a casi todas las actividades y los hogares que generan residuos sólidos y a todo el territorio nacional.
El inadecuado manejo de la basura es una de las grandes fuentes de contaminación del país y la responsabilidad recae esencialmente en las autoridades municipales.
Actividades extractivas
El potencial destructivo del medioambiente de las actividades extractivas es muy alto. La minería metálica y a cielo abierto entrañan el mayor riesgo. Además de la destrucción de bosques asociada a las minas a cielo abierto, se ha señalado como una grave fuente de contaminación, el uso de agua para el procesamiento de materiales para extraer oro. En la República Dominicana, la extracción de oro en Pueblo Viejo ha dejado un pasivo ambiental enorme que todavía hoy no ha sido atendido, a pesar de estar en operación un nuevo proyecto que prometió resolverlo. Tampoco está del todo claro cuáles son los pasivos que éste último pueda dejar y si las comunidades pobres del entorno serán afectadas.
Por fortuna, en el país se ha desarrollado un fuerte activismo social respecto a la actividad extractiva que ha “elevado la barra” para la aprobación de proyectos mineros de envergadura que se puedan percibir como riesgosos. Hay que traducir ese activismo en normas y procedimientos estrictos de protección ambiental, y en vigilancia ciudadana y estatal continua para asegurar que las actividades mineras que se desarrollen sean sostenibles y no comprometan las aguas y los bosques.
Sin embargo, en esta materia, la depredación más severa de recursos ha sido protagonizada por la extracción de agregados de los lechos de los ríos, como grava y arena, para saciar la fuerte demanda del sector de la construcción. El resultado ha sido desastroso para numerosos ríos y arroyos. Con mucha frecuencia se señala que existe complicidad entre quienes realizan la extracción ilegal y autoridades locales y nacionales para que éstas se hagan de la vista gorda.
A las anteriores actividades se suma la extracción de madera para producir carbón vegetal en detrimento de algunos de los bosques y fuentes de agua más preciadas del país. Esta está estimulada por la fuerte demanda en Haití.
Es evidente que en cada una de estas actividades hay dinámicas propias, estados de situación tecnológica (p.e. predominio de motores de combustión interna) e intereses que impiden o facilitan reducir sus impactos ambientales. Pero también lo es que, en la mayoría de los casos, los factores comunes son la ausencia o debilidad de consideraciones ambientales en las políticas, de una regulación efectiva y la presencia de graves limitaciones técnicas e institucionales de las entidades responsables.
El Estado dominicano todavía no se ha tomado en serio al medioambiente. El país parece estar en condiciones de cambiar eso.
