Desde el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUE), encabezado por su presidente, Celso Marranzini, se han identificado una serie de factores que provocan las pérdidas de esas empresas, entre ellas el hurto de energía eléctrica por clientes con alto consumo.
Unos de los principales retos para las EDE reducir sus pérdidas, que rondan el 37%, es lograr la facturación del consumo total de un millón 400 mil “clientes” que no pagan de manera correcta, de acuerdo con lo revelado por Marranzini.
800,000 de esos “clientes” son de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este), 400,000 de la del Sur (Edesur) y 200,000 de la del Norte (Edenorte).
Muchos de esos “clientes” residen en grandes torres y residenciales, cuyos beneficios, al parecer, incluye el pago mínimo de electricidad con un contrato y la instalación de líneas de electricidad irregulares para los consumos mayores, como el de acondicionadores de aire.
Si ya esos “clientes” están contabilizados e identificados, el camino hacia la normalización de su servicio o su sometimiento bajo el amparo de la Ley de Electricidad 125-01 o el Código Penal es corto y sencillo. Con voluntad, decisión, trabajo y prestando atención a la advertencia de Marranzini de “quien no funcione en las distribuidoras, se va”, se puede lograr.
Aunque la cobrabilidad de las distribuidoras está entre un 94 y 96%, los problemas de facturación afectan los ingresos y estabilidad financiera de las distribuidoras de electricidad para cubrir su operatividad, y ni hablar para obtener ganancias, como debería ser.
Estamos de acuerdo con el presidente del CUED, las EDE “requieren de reformas y medidas contundentes para resolver los problemas en el sector eléctrico, poniendo énfasis en la importancia de una gestión eficaz y sin influencias políticas para ser sostenible”, y yo agrego, para eliminar o reducir el subsidio de US$1,500 millones al sector eléctrico y destinar esos recursos a la ejecución de obras sociales, por el bien común.