Ahora que sesiona el Consejo Nacional de la Magistratura para renovar a 5 jueces del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, procede resaltar avances institucionales netos que tienen su origen en una firme decisión del presidente Luis Abinader.
Debido a una posición asumida con firmeza por Luis se le puso fin al reparto político partidista de las altas cortes y otras instancias cuyos integrantes debían ser árbitros y garantes de la norma, y no de líneas u ordenanzas partidarias.
A raíz de ese reparto fue que un personaje como Jean Alain Rodríguez ejerció de procurador general de la República; el colapso en que ha caído la directiva de la Cámara de Cuentas; y la suspensión -por vez primera en la historia-, de unas elecciones generales, las municipales de 2020.
Propio de esa práctica se produjo, además del sistema judicial, el control peledeísta de la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, y otras entidades cuyas autoridades debieron obedecer el mandato normativo de la Constitución y las leyes, y no las directrices de la cúpula de un partido político cegada por la ambición desmedida de poder y de riqueza.
Controlando todos los poderes del Estado, el PLD le daba al PRD y/o a los reformistas representaciones no decisivas, mientras se quedaba con la mayoría decisoria en cada instancia.
Investido de la autoridad que le dieron su liderazgo y la candidatura presidencial, Luis se negó a que siguiera el reparto político partidista y decidió que el PRD-PRM rechazara recibir las ínfimas cuotas de representación que le daba el PLD, y que sólo servían para “validar” el desguañangue institucional que perpetró la dirigencia peledeísta en sus 20 años de gobierno.
Gracias a que Luis asumió con el debido coraje cívico su posición de que a las altas posiciones de administrar justicia y otros arbitrajes se eligiera a figuras que si bien podían ser sugeridas por los partidos y sus representaciones en el estado, fueran personalidades probas y apartidistas.
Es así como el pueblo celebra contar hoy con figuras como Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reinoso al frente de la Procuraduría General de la República, de los honorables directivos de la JCE y el TSE; de Carlos Pimentel al frente de Compras y Contrataciones Púbicas; Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, entre otras personalidades apartidistas que están dando el más apropiado curso a instituciones del estado, y cuyo ejemplo invita a otros funcionarios o evita que otros retrocedan a la deshonrosa impronta de los gobiernos del PLD.
Podemos estar seguros de que, en la elección de nuevos jueces del Tribunal Constitucional, bajo el liderazgo institucionalista del presidente Abinader, el CNM continuará acentuando el curso del fortalecimiento institucional, garantista del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el impulso del país hacia etapas superiores de organización y avance que son pilares para el desarrollo económico y social en democracia.