Accesibilidad financiera: una reserva de autonomía

Las políticas de inclusión financiera son una estrategia importante para fomentar el desarrollo sostenible y reducir la pobreza en todo el mundo. Las entidades bancarias tienen un papel fundamental en la implementación de estas políticas, porque son las principales instituciones que proporcionan servicios financieros a la población en general.

Así, la meta 8.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantea el fortalecimiento de las entidades financieras como mecanismos para que poblaciones en condiciones de vulnerabilidad accedan a servicios bancarios. En esa dirección, uno de los desafíos que enfrentan los países tiene que ver con los mecanismos para que las personas con discapacidad accedan a estos servicios en igualdad de condiciones. Se trata de un contexto que impacta de forma directa la calidad de vida de las personas y en la que intervienen diversos derechos. De hecho, hace algunos años, la República Dominicana se vio involucrada en denuncias de vulneración de derechos, a raíz de que usuarias y usuarios con alguna discapacidad denunciaron dificultades para acceder a servicios como bancarización, créditos o trato igualitario.

Hoy por hoy, el escenario es completamente distinto. Aunque todavía existen situaciones que deben ser abordadas de forma directa, el país ha dado pasos puntuales en torno a políticas de inclusión financiera que estimulen la autonomía de personas con discapacidad.

Uno de los ODS más importantes es el objetivo número 1, que busca erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Las políticas de inclusión financiera de las entidades bancarias contribuyen directamente a este objetivo, al proporcionar servicios financieros a personas de bajos ingresos y a pequeñas empresas que de otra manera no tendrían acceso a ellos.

A la vez, supone la puerta a un ejercicio de ciudadanía basado en el disfrute de garantías de derecho a accesibilidad, a reconocimiento de la persona o la vida independiente, otras prerrogativas contempladas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, tanto políticas públicas como protocolos internos en las entidades bancarias tienen un impacto que puede interpretarse como originario de los artículos siete y ocho de la Constitución Dominicana, sobre la función esencial del Estado y la necesidad de que cada persona acceda a los medios necesarios para desarrollarse de forma integral, en base a sus virtudes y aspiraciones.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado directrices para las entidades bancarias sobre cómo pueden promover la inclusión financiera desde los Estados. Estos parámetros incluyen la apertura de sucursales en áreas remotas y rurales, la simplificación de los procesos de apertura de cuentas y la introducción de tecnologías de pago móvil y otras herramientas innovadoras.

Todos estos mecanismos, concebidos alrededor de los principios de accesibilidad universal, garantizan que cualquier persona, indistintamente de la condición social o física en la que viva, cuente con los medios para acceder a los servicios que requiera. Así, un cajero con asistente de audio le sirve tanto a una persona ciega como a un adulto mayor. La instalación de cámaras de seguridad, áreas bien iluminadas y de acceso fácil, benefician a toda la población usuaria, tenga o no una discapacidad.

Con todo, es evidente que las políticas de inclusión financiera tienen un impacto significativo en la autonomía de las personas con discapacidad. A menudo, esta población enfrenta barreras para acceder a los servicios financieros tradicionales debido a bloqueos culturales, déficits en las políticas de comunicación interna de las entidades financieras, un bajo grado de supervisión estatal de las entidades de intermediación financiera y una perspectiva poco orientada de lo que implica accesibilidad en contextos bancarios.

Sin embargo, en la República Dominicana hay ejemplos de buenas prácticas que se han ido consolidando en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, muchas entidades bancarias ahora ofrecen servicios bancarios móviles que permiten a las personas realizar transacciones financieras utilizando sus dispositivos electrónicos. Tras la pandemia, los bancos del país hicieron inversiones en la optimización de sus entornos virtuales, y en muchos casos ese enfoque digital fue beneficioso para usuarios con discapacidad sensorial o movilidad reducida. Las entidades bancarias también están trabajando para mejorar la accesibilidad de sus sucursales para personas con discapacidades, mediante la introducción de rampas, cajas de menor altura, orientación al personal de servicio y otras adaptaciones.

Además de mejorar la accesibilidad, las políticas de inclusión financiera también pueden ayudar a mejorar la capacidad de las personas con discapacidades para tomar decisiones financieras informadas. Las entidades bancarias pueden proporcionar información clara y fácil de entender sobre los productos y servicios financieros.

Es decir, en torno al ejercicio de utilizar una tarjeta de crédito, gestionar una cuenta de forma digital o distinguir los billetes, hay dimensiones que van mucho más allá de la operación per se. El diálogo deja de ser sobre transacciones para elevarse al nivel de trascendencia social, autodeterminación y participación como sujeto autónomo y productivo del país.