Entre el 2018 y el 2030, el Gobierno dominicano, de mantenerse el compromiso de destinar todos los años el 4% del PIB al Ministerio de Educación, canalizará la suma de 3.6 trillones de pesos, monto equivalente al PIB total a precios corrientes del año pasado. Desde el 2013, luego de que la calle y el populismo abrieron sus espacios a una sociedad civil que decidió sustituir el sentido común por pancartas carnavalescas, el Gobierno dominicano ha venido cumpliendo al pie de la letra el compromiso asumido de gastar en educación lo que estableció la Ley General de Educación de 1997.
Es muy posible que el cumplimiento del Compromiso Político y Social por la Educación, pactado y firmado el 7 de septiembre del 2011 en el recinto de la Universidad Católica Santo Domingo por todos los candidatos a la presidencia que participarían en las elecciones de mayo del año siguiente, sea considerado por la mayoría de los dominicanos como el principal logro de las administraciones del presidente Danilo Medina y uno de los factores que explican la elevada favorabilidad que ha recibido su gobierno desde que asumió el 16 de agosto del 2012.
Lo realmente sorprendente es que quienes prepararon el brebaje del Pacto del 4% del PIB que se dio a tomar a todos y cada uno de los candidatos, son precisamente las voces más agresivas en contra del déficit fiscal y, lo que denominan, como el creciente endeudamiento público. Todo apunta a que los proponentes y defensores del 4% se limitaron a leer el mandato de nuestra Ley General de Educación y a observar que en muchos países del mundo y de la región, los gobiernos invierten 4% y más del PIB en educación, concluyendo que el incumplimiento de 14 años que arrastrábamos, era el resultado de una simple majadería de nuestra clase política y gobernante. Ninguno, aparentemente, se detuvo un instante a examinar cuántos ingresos recibían los gobiernos de esos países como % del PIB y ver si el nuestro recibía un monto más o menos parecido que allanase el cumplimiento del 4% del PIB para la educación. Si lo hubiesen hecho, habrían llegado a la conclusión de que el cumplimiento del 4% del PIB para el Ministerio de Educación era posible, si y solo sí, se permitía al Gobierno dominicano operar con un déficit fiscal considerable y endeudarse interna y externamente a un ritmo que con el tiempo llevaría las finanzas públicas a la insostenibilidad.
La realidad es que el populismo educativo le ha puesto una camisa de fuerza a las finanzas públicas que sólo es posible soportar con inyecciones anuales de déficit y endeudamiento público. La demostración más contundente que puede ofrecerse de que el 4% del PIB constituye una camisa de fuerza insoportable para las finanzas públicas, es la extremadamente elevada absorción de los ingresos del Gobierno que traga la educación pública. Cuando comparamos este indicador con el de los demás países de la región, y tenemos en cuenta que bajo la sombrilla de educación en la mayoría de los países de la región incluyen los gastos en educación superior, ciencia, tecnología y cultura, se tiene que, en el 2016, los países de la América Latina destinaron, en promedio, el 20.44% de los ingresos del Gobierno (incluyendo dentro de estos los dividendos aportados al Presupuesto del Gobierno por las empresas estatales mineras, petroleras y energéticas). El Gobierno de República Dominicana destinó RD$141,146.3 millones en el 2016 a los ministerios de Educación, Educación Superior-Ciencia y Tecnología, y Cultura, suma equivalente al 29% de todos los ingresos que recibió el Gobierno Central, neto de donaciones, en ese año. Sólo el de Costa Rica, con 31%, gastó más, como % de los ingresos del gobierno, que el dominicano.
Quizás muchos no se han percatado, pero el 4% del PIB en educación nos ha hecho caer en una trampa. En el período 2013-2017, la función Educativa se ha tragado 614,000 millones de pesos. Una parte importante de esos recursos se destinó a la construcción de decenas de miles de aulas. Ese gasto en infraestructura física escolar acarrea, una vez los centros son inaugurados, gastos corrientes considerables para contratar nuevos maestros, comprar materiales educativos, suministrar alimentación y uniformes a los estudiantes que ingresarán a los nuevos centros educativos. Eso va a requerir más recursos. El Gobierno no los tiene y, por tanto, tendrá que tomar dinero prestado aquí y fuera de aquí.
En el marco de las discusiones sobre las reformas estructurales que deberá ejecutar la República Dominicana para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener la estabilidad y estimular el crecimiento sostenido de nuestra economía, los dominicanos tendremos que abordar la eliminación de la camisa de fuerza que ha representado el mandato de gastar todos los años el 4% del PIB en Educación (4.28% cuando incluimos MESCyT y Cultura) y su sustitución por una chacabana holgada que asigne el 20% de los Ingresos Totales del Gobierno, neto de donaciones, a la Educación, tal y como se define en la Clasificación Funcional presupuestaria, incluyendo, los servicios culturales.
Algunos indicarán que, con los niveles actuales de ingresos del Gobierno, el 20% de los Ingresos Totales del Gobierno, neto de donaciones, implicaría reducir el gasto público en educación de 4% a 3% del PIB. Tienen razón. Así es. La razón es muy sencilla. Las finanzas públicas dominicanas, en su estado actual, no permiten más. Gastar 4% del PIB en educación con el nivel actual de los ingresos del Gobierno equivale a otorgar a este último, licencia para mantener un elevado déficit fiscal y cubrir el faltante con endeudamiento público. Los defensores del 4% del PIB para la educación deberían hacer marchas de celebración y satisfacción cada vez que el Gobierno coloca exitosamente bonos en los mercados global y local, pues gracias a esas colocaciones de títulos de deuda, es posible que República Dominicana, uno de los países con menores ingresos tributarios de la región, sorprenda al mundo con un gasto de 4% del PIB en educación.
La sustitución del 4% del PIB por el 20% de los Ingresos Totales del Gobierno, neto de donaciones, como regla para el gasto público en educación tendría una ventaja adicional a la representada por la reducción del déficit fiscal en 1% del PIB y, en consecuencia, la reducción de US$750 millones anuales en las necesidades de endeudamiento. La inconformidad inicial que provocará esta reducción efectiva del gasto en educación reduciría sensiblemente el costo político de una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Sencillamente porque el Gobierno se sumará el apoyo de los amarillos que van a luchar por el aumento del gasto en educación, lo cual sólo sería posible si aumentan los ingresos del Gobierno. Estos sólo podrían aumentar con una reforma tributaria que amplíe bases, reduzca tasas y establezca figuras que imposibiliten la evasión y la elusión fiscal. Muchos de los amarillos que apoyan el 4% del PIB en educación, por ejemplo, apoyarían al Gobierno si este decidiese cobrarle arancel y Itbis, como hacen la mayoría de los países del mundo y de la región, al tsunami de compras a través de internet que ingresan al país vía el sistema de correo expreso, pues el 20% de esas recaudaciones adicionales se destinaría a la educación. ¿O preferirían seguir viviendo en esta “hipocracia” tripolar donde defendemos beligerantemente nuestras exenciones tributarias, reclamamos irresponsablemente gastar lo que no tenemos en educación y criticamos incisivamente el endeudamiento público que viabiliza la aberración del 4%?
