27 con Gómez, un antes y después

Las alarmas por obras públicas mal construidas, que pueden ocasionar serias pérdidas humanas y materiales, han sonado en múltiples ocasiones, y resuenan de nuevo con el desplome de una pared del ya famoso paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, donde fallecieron 9 personas en ocasión de las fuertes lluvias del sábado pasado.

El presidente Luis Abinader ha reaccionado atinadamente al crear una comisión técnica de alto nivel que supervise las obras públicas que pudieran estar en condiciones similares a las del referido paso a desnivel.
La medida presidencial debe trascender el intento que hacen los políticos y sus ecos mediáticos por limitar el tema a uno más de nuestros repetitivos debates pequeños y fugaces.

Las auditorías deben determinar si existen otras obras levantadas pese a defectos de diseño, vicios de construcción, y que impliquen eventuales peligros de daños humanos y materiales, estableciéndose un antes y un después para que tales perjuicios no continúen repitiéndose por siempre.

Si son descubiertos errores de diseño, serios vicios de construcción y otras debilidades que puedan dañar vidas y bienes han de establecerse responsabilidades y derivarse consecuencias, sean penalidades económicas, penales, o inhabilitaciones operativas para quienes hayan levantado obras sin la debida consistencia.

Subrayamos que el momento debe marcar un antes y un después en las oscuras experiencias de concubinatos entre constructores y políticos -cuando no políticos improvisados como constructores- para quedarse con el dinero que debió ser invertido en la calidad y seguridad necesarias para que las obras no colapsen.

Saludemos que el presidente Abinader designe en la referida comisión a prestantes profesionales que, como el respetado geólogo Osiris de León, son equidistantes de los intereses políticos partidistas.

Todos los problemas creados con las edificaciones e infraestructura públicas defectuosas son propios de una ausencia de institucionalidad que permite a profesionales y empresarios inescrupulosos violar leyes, reglamentos y ordenanzas.

De ahí nuestra defensa permanente de la trascendencia del proceso de fortalecimiento institucional que viene articulando el presidente Abinader que incluye el estricto respeto a la separación de los poderes del estado, independencia de la Procuraduría General y la Suprema Corte.

Respeto a la autonomía de la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y otras instancias de arbitraje social y político, así como el respeto a la libertad de prensa, que acaba de hacer a RD merecedora de principal país en el renglón en toda América Latina.