El colectivo Dominicanos x Derecho denunció ayer frente al Palacio Nacional que el Estado dominicano sigue y agudiza los procesos de segregación y desnacionalización de más de 90 mil personas nacidas en República Dominica, nueve años después de emitida la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Los manifestantes dijeron que el Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas causados por la sentencia 168-13.
Alberto Merré, uno de los representantes del conjunto, reclamó por el cumplimiento de la Ley 169-14 y dijo que el Gobierno prometió que resolvería la situación en dos años, cosa que no se ha cumplido. Mientras que Betania Bernar, también portavoz de los manifestantes, aseguró que su cédula de identidad va a tener tres años de vencimiento y tiene que pagar $36 mil pesos para renovarla, sin embargo, las oficinas están cerradas. Ante esto, se preguntó que dónde conseguiría ese dinero “para renovar unos documentos” que no le permitirán trabajar.
Por su lado, Zacarías Tusent ponderó que la Junta Central Electoral pone trabas al momento de solicitar cualquier tipo de servicios.
Asimismo, el colectivo explicó que hace dos años el Ministerio de Interior y Policía “cerró abruptamente” la oficina a cargo de la implementación de la Ley 169-14, “dejando nuevamente en el limbo” a los 7 mil 948 dominicanos que participaron en el proceso de Registro Especial para la Naturalización y se les entregó una documentación provisional.
Frente al edificio de las Oficinas Gubernamentales, resaltó que actualmente esos documentos están vencidos y no tienen ninguna respuesta de las autoridades sobre los mecanismos de acreditación de la nacionalidad.
