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La defensa de Jochi Gómez, principal acusado en el caso conocido como “Camaleón”, presentó hoy una querella disciplinaria y penal contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Esta acción surge tras alegaciones de que los magistrados presionaron a la jueza de Atención Permanente, Fátima Veloz, para que impusiera prisión preventiva a Gómez como medida de coerción. La defensa, encabezada por el abogado Carlos Balcácer, busca que se investigue la conducta de los magistrados involucrados.
Motivos de la querella
Balcácer explicó que la querella se fundamenta en una serie de acontecimientos ocurridos durante el último día de los debates sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Este proceso se llevó a cabo a puertas cerradas, lo que ha generado suspicacias sobre la transparencia del mismo. La defensa argumenta que los magistrados Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleyda actuaron de manera irregular, lo que justifica el sometimiento disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
Declaraciones
El abogado Balcácer reveló que durante el allanamiento realizado en la propiedad de Jochi Gómez se encontró una hoja de papel que contenía los nombres de los jueces implicados. Según informes, al salir de la sala de audiencias, los magistrados habrían manifestado que su presencia allí era en calidad de víctimas. Estas declaraciones han intensificado la controversia en torno a la integridad del proceso judicial que rodea el caso “Camaleón”.
Contexto de la Operación Camaleón
La Operación Camaleón se originó a partir de una investigación sobre supuestas irregularidades en un contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latan SRL.
Las autoridades han señalado que varios funcionarios del Intrant están involucrados en este escándalo, incluyendo a Hugo Beras, exdirector del instituto, y Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho. La situación ha despertado un gran interés público, ya que las implicaciones de este caso afectan a varias figuras clave dentro del sistema de transporte del país.
Además de Jochi Gómez, otros individuos también enfrentan serias acusaciones. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico, figuran entre los principales implicados.
