Ordenan prisión preventiva a senador y secretario general del PRD, Pablo Rafael Casimiro Castro, y Washington de Peña, por incidente que deja dos muertos
La Zona Retro conmemora el 54 aniversario de un trágico suceso que resultó en la muerte de dos personas y la implicación de ocho hombres, incluyendo al senador Pablo Rafael Casimiro Castro y al secretario general del comité del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor Washington de Peña. Por lo que mediante un trabajo especial recordaremos las reacciones suscitadas tanto en el pueblo como en el partido.
Antecedentes
El 23 de junio de 1969, varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y numerosos simpatizantes se vieron envueltos en un trágico enfrentamiento a tiros con la Policía en una reunión celebrada en un local de encuentros en Azua. El incidente resultó en la muerte de dos hombres y la implicación de los líderes del partido presentes en el hecho.
Los dirigentes fueron identificados como el senador Pablo Rafael Casimiro Castro y el secretario general del comité del Partido Revolucionario Dominicano, doctor Washington de Peña, a quienes involucran directamente con las muertes y contra quienes dictan orden de detención.
Las víctimas reconocidas fueron Francisco Javier Agramonte Sención, un joven de 19 años que formaba parte del comité de base del PRD en La Cuchilla, un barrio de esta ciudad, y el raso policial Rafael Antonio Fernández Rosa.
Versiones del hecho
Una de las versiones del suceso señalaba que los seguidores del PRD, acompañados del senador Casimiro Castro, Cesar Roque y Washington de Peña, habían sido interceptados por agentes policiales cuando se dirigían al local del partido.
Según informaciones compartidas en ese momento por Roque, el grupo iba acompañado por muchas personas. Debido a que el local resultó insuficiente, muchos no pudieron entrar y optaron por permanecer en las calles y aceras cercanas.
En este sentido, Roque añadió, que en ese momento irrumpió un jeep policial conducido por un capitán que comenzó a zigzaguear entre las personas. “Mientras hablaba demandando cordura el capitán se me acercó con pistola en mano, entonces, evadí el arma y trate de conversar con ellos (policías)”.
Fue cuando intervino Casimiro Castro para calmar el ambiente, haciendo valer su condición de senador de la Republica. También intervino Washington de Peña.
En esta línea, Roque explicó que el capitán dio la orden de disparar. Inmediatamente, el joven Agramonte resultó herido y cayó al suelo. Fue en ese momento cuando el arma del agente se le cayó, y alguien la tomó y comenzó a dispararle, atinando varios disparos.
Algunas informaciones confimaron que había otros lesionados de poca importancia en el tumulto que se originó al escucharse los disparos.
La versión dada al procurador general de la República, licenciado Carlos Rafael Goico Morales por el fiscal de esa ciudad, Manuel Méndez, señaló que los policías fueron requeridos al local del PRD en la calle 27 de Febrero porque allí estaban sucediendo desórdenes.
Orden de arresto
Después del hecho, Casimiro Castro fue mantenido en el hospital “Simón Striddels”, de ahí llevado a la fortaleza militar escoltado por miembros del Ejército Nacional.
En consecuencia, fue expedida una orden de prisión preventiva contra Casimiro Castro y otras siete personas, donde se les acusaba de “tentativa” de homicidio y de proporcionar heridas que causaron la muerte de dos hombres.
La orden fue emanada por el doctor Manuel Méndez, procurador fiscal de Azua, quien dijo que expidió el documento de aprehensión contra Casimiro Castro porque la ley lo amparaba, aun siendo el imputado un senador, ya que se trababa de un caso flagrante y para el cual no existía legislatura. Sobre la aprehensión del senador, se señalaba que la detención estaba amparada en el artículo 32 de la Constitución de la República, que planteaba lo siguiente: “Ningún legislador podrá ser privado de su libertad durante la Legislatura, sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca, salvo el caso que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen…”
PRD apoya dirigentes
Por ser considerado ilegal el apresamiento del senador, una comisión de alto nivel del PRD, encabezada por el senador Máximo Lovatón Pittaluga, se trasladó a la ciudad para percatarse de los hechos. Dicha comitiva era completada por Mario García Alvarado, Gilberto Martínez y Manuel Antonio Tapia Cunillera. También Evelio Hernández, Miguel Soto, diputado del PRD, y Leonor Sánchez Baret. Después de llevar a cabo la investigación, la comisión regresó a Santo Domingo tras realizar esfuerzos para lograr la liberación de Casimiro Castro. Sin embargo, calificaron la detención del congresista y del secretario general del comité del Distrito Nacional del PRD como “un nuevo atropello”. Por lo tanto, exigieron la liberación inmediata y la realización de una investigación a cargo de personal competente y responsable. Por su parte, los diputados Miguel Soto y Américo Pérez Mercedes del PRD, manifestaron su rechazo a la prisión “arbitraria” y condenaron la actitud agresiva por parte de la Policía Nacional en el desafortunado encuentro, y responsabilizaron al gobierno de otros que pudieron suceder en contra del PRD y del pueblo.
En cuanto a la prensa
En el cuartel policial de Azua, a los periodistas se les impidió obtener declaraciones o versiones de esa institución acerca de lo sucedido. Del mismo modo, las autoridades prohibieron que los periodistas pudieran cuestionar a los detenidos, negándoles el acceso a hablar con ellos. Los periodistas de elCaribe fueron llevados al salón donde se encontraban los familiares de los detenidos, que esperaron por horas a que se les suministrara información, pero no tuvieron ningún resultado.
Sepelio
Después de que las autoridades y el médico legista Bolívar Pelletier exhumaran el cadáver del joven Agramonte Sención con el propósito de extraer la bala que le causó la muerte y verificar sus características, información que la Policía se negó a proporcionar, se realizó al día siguiente la ceremonia de entierro con la presencia de numerosas personas.