La primera semana de agosto de 1994 estuvo marcada por dos temas principales: la posible intervención en Haití y la controversia sobre la anulación de las recientes elecciones, donde la oposición había denunciado una serie de irregularidades.
Posible invasión
Con el objetivo de poner fin al régimen militar y restaurar la democracia en Haití, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, el 31 de julio de 1994, una resolución que facilitaría el camino a la intervención.
La resolución fue aprobada con 12 votos a favor, ninguno en contra, la abstención de China y Brasil, y la ausencia de Ruanda. El documento no especificaba un plazo para el uso del poderío militar, pero autorizaba a los estados miembros a formar una fuerza multinacional bajo un mando y control unificado y a emplear todos los medios necesarios para facilitar la salida de las autoridades militares en Haití.
La resolución también contemplaba el despliegue de una fuerza de la ONU de 6,000 efectivos tras la invasión.
La embajadora estadounidense Madeleine Albright declaró que la resolución era una advertencia a las autoridades militares haitianas, indicando que “si no se marchaban pronto y voluntariamente, lo harían pronto y en contra de su voluntad.”
Además, añadió que la resolución mostraba que “el mundo entero estaba cansado de lo que se estaba haciendo al pueblo haitiano y que era momento de restaurar la democracia.”
Reacciones y opiniones
No obstante, varias naciones latinoamericanas expresaron su preocupación de que la resolución podría establecer un precedente que legitimaría futuras intervenciones estadounidenses en la región.
“No existen suficientes elementos de juicio para justificar el uso amplio de la fuerza y aún menos para otorgar autorización generalizada para las acciones de una fuerza multinacional insuficientemente definida”, expresó el embajador mexicano Víctor Flores Olea al Consejo de Seguridad.
En cuanto al embajador uruguayo, Ramiro Piriz Ballon, dijo que su país “no respaldaría ninguna intervención militar, sea multilateral o unilateral”. Las soluciones pacíficas todavía no han sido agotadas, afirmó al Consejo.
México y Uruguay no integraban el Consejo de Seguridad, pero sus representantes pidieron la palabra antes de votarse la cuestión.
La embajadora Albright expresó en televisión que las naciones latinoamericanas estaban “preocupadas por una supuesta tendencia a la intervención, lo cual era completamente inexacto”.
Derrocamiento
El derrocado presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, envió una carta a las Naciones Unidas solicitando a la comunidad internacional que “adopte una acción pronta y decisiva, bajo la autoridad de las Naciones Unidas,” para restaurar la democracia en Haití.
La mayoría de los 15 miembros del Consejo, especialmente los representantes de los países latinoamericanos, señalaron que necesitarían la aprobación específica de Aristide antes de dar su visto bueno a una posible invasión liderada por Estados Unidos.
Los militares haitianos derrocaron a Aristide en 1991, y desde entonces, el ejército había desafiado tanto un embargo global de comercio y combustibles como la prohibición estadounidense de realizar transacciones financieras con la nación caribeña.
Para el 30 de septiembre de 1994, los militares dirigidos por el general Raoul Cedras habrían estado en el poder durante tres años, tras haber destituido al gobierno de Aristide cuando este apenas llevaba siete meses en el cargo. Mientras tanto, Aristide permanecía en el exilio, dirigiendo una campaña para lograr su regreso y la caída del régimen militar.
Decisión pospuesta
El gobierno de Bill Clinton optó por no tomar una decisión inmediata y esperó algunas semanas con la esperanza de que la amenaza de intervención condujera al retiro de los líderes militares haitianos sin necesidad de enfrentamientos.
Este tiempo también se utilizó para solicitar la participación de otros países en una posible invasión y en la posterior misión de pacificación, así como para enfrentar la oposición en el Congreso de Estados Unidos.
En este contexto, los marines que aguardaban en las costas de Haití se trasladaron a Puerto Rico para recibir entrenamiento en desembarcos anfibios. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado, que prefirió mantener su anonimato, indicó que la situación aún podría prolongarse durante varias semanas.
Crisis política luego de elecciones generales de mayo
Después de las elecciones del 16 de mayo de 1994, la República Dominicana experimentó un breve período de crisis política. Durante este tiempo, varios líderes de los partidos participantes en la contienda electoral pidieron la anulación de los comicios y la convocatoria de nuevas elecciones.
En el proceso de reconocimiento de las impugnaciones, la Junta Central Electoral (JCE) se reservó el fallo sobre los recursos de apelación interpuestos por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Movimiento Cambio Electoral del Distrito Nacional (MCEDN) contra la anulación de las elecciones en la capital. Además, concedió un plazo para que las partes ampliaran sus conclusiones.
La impugnación a la resolución número 12/94 de la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN) fue conocida en una audiencia pública con extremas medidas de seguridad. La JEDN resolvió anular las elecciones celebradas en la capital el 16 de mayo pasado, por considerar que durante el proceso se produjeron anomalías significativas que afectaron los resultados.
El delegado reformista doctor Juan Esteban Olivero Feliz dijo que la recusación de los referidos jueces podría obedecer a maquinaciones legales tendentes a integrar la JCE de manera que responda a intereses personales y particulares.
Olivero Feliz considero “un exceso, un abuso de poder y desafío”, la decisión adoptada por el tribunal electoral del Distrito Nacional. Ya que ni la JCE ni otras juntas tenían la facultad de anular elecciones en forma general, pues la ley establece que las impugnaciones deben realizarse mesa por mesa y caso por caso.
Injerencia internacional
El gobierno del presidente Bill Clinton insto a las autoridades dominicanas a celebrar nuevas elecciones para evitar una nueva crisis política en l isla antillana.
El Secretario de Estado Warren M. Christopher dijo que los abusos registrados en las elecciones de mayo pudieron denegar la renovación del mandato del Presidente Balaguer. Los observadores internacionales habían confirmado que hubo fraude pero su magnitud no había sido determinada oficialmente.
Los conteos disponibles mostraban que Balaguer tenía una ventaja de 31,000 votos sobre su principal rival, José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, los socialdemócratas afirmaron que aproximadamente 200,000 de sus seguidores no habían podido votar.
La Junta Nacional debía declarar un ganador antes del 16 de agosto. De no hacerlo, se produciría un vacío de poder, ya que el antiguo Congreso Nacional finalizaría ese mismo día, y el nuevo enfrentaría las mismas irregularidades que las elecciones de Balaguer.
Posibles soluciones
El presidente Balaguer rechazó la idea de instaurar un gobierno provisional como solución a la crisis política y electoral que atravesaba el país, argumentando que ello quebrantaría el orden constitucional.
En una conferencia de prensa, Balaguer reiteró que la única entidad con la autoridad para emitir un fallo que resolviera la situación era la Junta Central Electoral, y que estaban a la espera de su decisión.
El presidente
Días después, tras el proceso legal, y de acuerdo con el artículo 180 de la Ley Electoral, se proclamó a los señores doctor Joaquín Balaguer Ricardo y Jacinto Bienvenido Peynado Garrigosa como ganadores de las Elecciones Generales Ordinarias celebradas el 16 de mayo de 1994, en sus respectivos cargos de Presidente y Vicepresidente de la República.
La JCE declaró al Presidente Joaquín Balaguer ganador de las elecciones al acumular 1,275,460 votos, 22,281 más que su más cercano contendor, el doctor José Francisco Peña Gómez.
