Fueron implicados en el hecho, los principales líderes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), profesor Juan Bosch, presidente y José Francisco Peña Gómez, secretario general
Los diarios de la época (febrero de 1973) registran el desembarco de un grupo de nueve guerrilleros, incluido el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quienes atracaron la madrugada del sábado 3 de febrero de 1973, en la Costa Sur del país, específicamente en la provincia de Azua, con fines de derrocar al gobierno del presidente Joaquín Balaguer.
De acuerdo a documentos periodísticos, el coronel Caamaño Deñó inició el viaje desde el viernes 26 de enero de 1973 de Port Louis, Isla Guadalupe, a las cuatro de la tarde para poder llegar a la República Dominicana con los objetivos bien definidos.
Los hombres que acompañaron al líder de la gesta de Abril del 65, fueron Claudio Caamaño (su primo), Hamlet Hermann, Toribio Peña Jáquez, Juan Ramón Payero Ulloa, Mario Nelson Galán Durán, Alfredo Pérez Vargas, Eberto Lalane José y Ramón Euclides Holguín Marte.
El barco en que llegaron estos expedicionarios era un motovelero Chris Craft Comanche, de 42 pies de eslora, matrícula de New York y con el nombre “Black Yak”.
Explica un recorte de noticia de la fecha, que “las autoridades militares, en cumplimiento de instrucciones recibidas del Excelentísimo señor presidente de la República, se limitarán a tomar, frente a este hecho subversivo con que se trata de llevar nuevamente al país a una situación similar a la del 24 de abril de 1965, las medidas estrictamente necesarias para el mantenimiento del orden público”.
Fuerzas Armadas acusó a Juan Bosch y otros líderes del PRD en “trama contra la paz pública”.
A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación el 5 de febrero del año 73, la Secretaría de las fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensas de la República Dominicana, implicó al presidente del PRD, y quien fuera expresidente de la República, profesor Juan Bosch y a otros líderes de esa organización política, de ser partícipes en una “trama contra la paz pública”, debido al hallazgo de un documento abandonado en el lugar del desembarco que lo comprometían a él y “otros líderes políticos” de ese partido, quienes no fueron nombrados.
Según lo narrado por el recorte de periódico de la fecha, contra Bosch y los políticos no identificados se iniciaría “una vez formalizado el expediente de lugar, la acción judicial correspondiente”.
La mañana de ese 5 de febrero fue allanada la casa del profesor Juan, por un contingente fuertemente armado de tropas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, sin embargo, el profesor Juan Bosch no se encontraba en el lugar, ya que fue avisado que irían por él.
Producto a ese allanamiento y la orden de arresto que había en su contra y otros dirigentes de su partido, Bosch contestó vía un comunicado enviado a la prensa, su indignación por lo sucedido.
A continuación, compartimos algunos fragmentos de la carta enviada por el profesor Juan Bosch a los medios de comunicación en respuesta al allanamiento que se le hizo a su residencia:
“No es verdad que mi casa fue allanada por la Policía el día 5 de este mes. Mi casa fue asaltada por una patrulla policial, y entre allanamiento y asalto hay mucha diferencia; hay una diferencia tan grande como del día a la noche.
“Un allanamiento es un acto legal, que se ejecuta por orden de un juez, y en el cual participa un representante del fiscal. Ningún juez ordenó la invasión de mi casa por agentes de la Policía y durante esa invasión no actuó ningún representante del Fiscal o de cualquier otro funcionario civil.
“Para allanar una casa se toca a la puerta y se presenta a los que viven en esa casa los documentos legal que ordenan el allanamiento, y luego se hace un registro de la casa en presencia del dueño o de su representante y de quien este representando al fiscal.
“En mi casa no se hizo nada de eso. En mi casa se volaron por medio de la fuerza las cerraduras del exterior y del interior, incluyendo en de la puerta de mi aposento. Tras el ejercicio de la violencia se ejecutó el robo, pues los agentes policiales se llevaron de mi aposento objetos valiosos, y hasta una botella de agua acusada de ser unos peligrosos explosivos llamados C4.
“Tampoco tiene la menor relación con un allanamiento el cerco armado que se le puso a mi casa y la prohibición de que salieran de ella las personas que se encontraba adentro cuando llegó la Policía. Eso fue convertir mi casa en prisión, delito gravísimo que se considera en todas partes como acto de bandidaje.
“Ni en este país ni en ningún otro del mundo se conoce una ley que autorice a oficiales o a rasos de la Policía a convertir en prisión una casa de familia; y mucho menos aun en prisión de personas que ni está detenidas ni han sido condenadas por un juez. Y eso, convertir mi casa en prisión, fue lo que se hizo el día 5, como se hizo también el mismo día en el hogar de don Luis Amiama Tió.
“En lo que se refiere a lo que sucedió en mi casa el día 5 de este mes, este gobierno rompió su propio record de actuación ilegal, pues llevó a cabo en media hora dos actos ilegales; asaltó la casa y la convirtió en prisión”.
Gobierno clausuró las emisiones radiales
Por orden del presidente Joaquín Balaguer fueron clausuradas varias emisoras de radio de la capital, mientras que otras eran custodiadas por militares. La interrupción se produjo cuando las emisoras informaban acerca de la llegada del grupo guerrillero que había desembarcado en una playa de la Bahía de Ocoa y se internaron en montañas del municipio de San José de Ocoa.
La persona encargada de dar a conocer el cese de las emisoras ese día, fue el director general de Correos y Telecomunicaciones, coronel Leoncio García y García, del Ejército, quien informó que se ordenó retirar los cristales a las estaciones de radio debido a que se estaban trasmitiendo informaciones “alarmistas y especulativas” de la situación.
García y García, explicó que los cristales de frecuencia de las emisoras serían devueltas a sus respectivos propietarios siempre y cuando, estos se ajustaran a los reglamentos que establece la ley 118, sobre Telecomunicaciones, de ese entonces.
Las emisoras cerradas fueron Radio Comercial, Radio Mil, ABC, Radio Cristal, Onda Musical, La Voz del Trópico, Radio Visión, Radio El Mundo , Radio Antillas y Radio Universal.
Tras el cierre de las estaciones radiales, el coronel García y García envió un telegrama a todas las emisoras dominicanas con lo siguiente:
“Se les advierte que deben de abstenerse de lanzar al aire noticias que no se ciñan estrictamente a la verdad o que conlleve alteración al orden público. En caso de violación a esta disposición haremos uso de lo que al respecto señala la ley 118 sobre Telecomunicaciones”.
Agregó, además en el comunicado “se le envió un telegrama múltiple, advirtiendo a los directores de las mismas para que no se dieran informaciones inundadas a la ciudadanía”
Muerte de Caamaño Deñó
La muerte del líder de la gesta de Abril de 1965, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó se produjo el 16 de febrero 3:30 de la tarde, en la sección Nizao, en el municipio San José de Ocoa, por tropas del Ejército Nacional, según recorte de la prensa de fecha 17 de febrero de 1973. Se informó además, que en el acto fueron muertos otros dos guerrilleros.
También resultaron heridos miembros del batallón Juan Pablo Duarte, de la primera brigada del Ejército.
