Uno de los primeros casos de denuncia que se registró en la prensa de entonces fue la desaparición de 85 mil dólares del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco destinados a cubrir los gastos de un viaje del mandatario a Panamá y Costa Rica
A lo largo de la historia política de la República Dominicana, hemos escuchado mencionar nombres de muchos políticos implicados en supuestos casos de corrupción. Este año no ha sido la excepción, ya que una lista muy amplia de exfuncionarios han ocupado las principales páginas de los diarios locales por señalamientos en supuestos escándalos de corrupción. Recientemente, el presidente Luis Abinader suspendió al director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su consultor jurídico, Joaquín Félix Santana, por haberse encontrado que éstos están implicados en graves irregularidades en esa institución gubernamental.
En la Zona Retro de esta semana, presentamos un compendio de noticias de exfuncionarios del Estado que fueron acusados y sometidos a la justicia presuntamente por casos de corrupción.
Documentos periodísticos de 1986 reseñan que tras finalizar el período de gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco el 16 de agosto de 1986, para darle paso al nuevo mandatario de la República, Joaquín Balaguer, diferentes medios de comunicación se hicieron eco con las publicaciones sobre las denuncias que realizaban ciertos grupos de la sociedad en contra del gobierno saliente de Jorge Blanco y de exfuncionarios de anteriores gobiernos y de su gestión.
Uno de los primeros casos sonados en los diarios de aquel entonces, según informaciones periodísticas encontradas en el archivo de OMG, fue el cuestionamiento que se le hizo a Rafael Flores Estrella, quien se desempeñaba como secretario administrativo de la Presidencia, sobre la desaparición de 85 mil dólares destinados a cubrir los gastos de viaje del expresidente Jorge Blanco a Panamá y Costa Rica, el cual no se realizó. Según la nota informativa, Flores Estrella negó su vínculo con la desaparición de ese monto de dinero, alegando que no se hallaba en el ejercicio de sus funciones, “ya yo estaba suspendido en mis funciones a ese decreto (290-86, del 9 de abril de 1986), y también por virtud al mandato que se consagra en el artículo 80 de la Ley Electoral del 5 de mayo de 1962.
Otra acusación que ocupó la primera plana de la mayoría de los periódicos impresos de aquel entonces, fue la querella presentada el 3 de octubre de 1986, por el abogado Marino Vinicio Castillo, en contra del expresidente Jorge Blanco y los señores Manuel Antonio Cuervo Gómez y Leonel Almonte por alegadamente haber prevaricado y malversado los fondos del Estado. Según Vinicio Castillo, los exfuncionarios junto al ex mandatario habían violado los artículos 102 y 115 de la Constitución de la República y el 114, 166, 167, 183 del Código Penal.
Durante el gobierno de Jorge Blanco, el señor Manuel Antonio Cuervo Gómez se desempañaba como secretario de las Fuerzas Armadas, mientras que Leonel Almonte era propietario del Banco Universal y asesor honorífico del líder perredeísta.
El documento de la denuncia contenía 65 páginas, la cual fue entregada al Procurador General de la República, doctor Julio César Castaños Espaillat, quien dijo que se le daría el curso correspondiente a ese caso.
Un mes antes de este hecho, el 8 de septiembre de 1986, el director de la Oficina Nacional de Presupuesto, José Antonio Guzmán Álvarez expuso ante la opinión pública al señor Almonte como un pulpo que abrazaba una serie de negocios con el Estado dominicano a través de cuantiosos contratos para suplir a las Fuerzas Armadas y otras dependencias de la administración pública.
Además del ex Jefe de Estado, Cuervo Gómez y Almonte, fueron presentados otros expedientes acusatorios en diciembre de 1986 en contra de otros exfuncionarios, como fue el caso de Fulgencio Espinal, exadministrador de la Lotería Nacional, quien inició en el cargo el 16 de agosto de 1982 hasta finalizar en enero de 1986. Espinal fue acusado por siete federaciones de billeteros y quinieleros por alegada malversación de fondos. Esta denuncia fue presentada por la diputada de la provincia de Nagua, Luz María Tavárez y los señores Manuel Antonio Jimenez Rodríguez (Manolín) y Domingo Porfirio Rojas Nina, entre otros.
Mientras que empleados públicos de gestiones anteriores también fueron sometidos a la justicia por presunta corrupción administrativa, como fue el caso del oficial del Ejército Nacional, Beauchamps Javier, quien ostentaba el cargo de secretario de las Fuerzas Armadas en 1975, tras la renuncia del puesto del vicealmirante Ramón Emilio Jiménez hijo, y permaneció en sus funciones hasta el 16 de agosto de 1978, cuando Balaguer le entregó la Presidencia al gobierno perredeísta encabezado por Antonio Guzmán. La imputación que se le presentó a Beauchamps fue presentada por siete federaciones de billeteros y quinieleros por alegada malversación de fondos.
Asimismo, fue registrado en la prensa nacional, el expediente acusatorio contra el exdirector de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), Partenio Ortiz y al ex administrador de la Compañía Dominicana de Aviación (CDA), Hugo bueno y otros funcionarios, acusados de cometer actos de corrupción y contra quienes existían “serios indicios de culpabilidad”. Otros funcionarios de menor categoría que también figuraron en el expediente fueron el ingeniero Porfirio López Taveras, Charles Willis y Nelson Ramos, acusados de “abuso de confianza criminal y estafa criminal”, según explica un diario local de octubre de 1986. Esas acusaciones fueron amparadas con los artículos 405 y 408 del Código Penal.
Otro funcionario de la gestión de Jorge Blanco que también fue cuestionado por su gestión frente al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), fue José Michelén a quien productores de arroz, acusaron de haber tenido una mala administración en esa dependencia gubernamental, lo que provocó una deuda de 140 millones de pesos.
Un documento periodístico del archivo de OGM, reseña que para el 15 de noviembre de 1986, el ex Jefe de Estado ofrecería un discurso en por lo menos 20 estaciones de radio y 3 canales de televisión, donde posiblemente hablaría de las denuncias realizadas en su contra.
Para el 22 de diciembre de 1986, el Procurador General de la Republica interpuso un impedimento de salida contra el expresidente Jorge Blanco, el mayor general retirado Manuel Antonio Cuervo Gómez y otras tres personas ligadas a compras irregulares realizadas por la Secretaría de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del ex mandatario.
